Delitos de Descubrimiento: Secretos Empresariales

La difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa llevada a cabo por quien tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva, se castigará con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

Si el secreto se utilizara en provecho propio, las penas se impondrán en su mitad inferior.

El delito previsto en este artículo queda integrado por los elementos siguientes:

1º. Tiene por objeto también el llamado secreto de empresa en los términos que han sido expuesto ut supra.

2º. El medio comisivo consiste en la difusión, revelación o cesión de tal secreto.

3º. Sujeto activo ha de ser quien tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva, esto es, de mantener el secreto que él precisamente conoce porque su relación concreta con la empresa así lo exige. 

Se trata como se ha dicho, no de un delito común, como el del artículo 278 CP, sino de un delito especial propio. Ahora con mayor amplitud que el referido artículo 499 CP anterior (precedente de este artículo 279) que limitaba los autores de este delito al encargado, empleado u obrero quienes por su dependencia laboral estaban obligados a guardar el secreto. Así, ahora también pueden cometerlo los socios o administradores. La responsabilidad penal abarca, pues, a quienes se les exige expresamente (administradores, según lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital), al resto de empleados de la empresa que conozcan por razón de sus funciones tales secretos, a trabajadores de otras empresas que se relacionen con la titular de los secretos (de seguridad, proveedoras, etc.), y a los terceros que los hayan conocido a causa de razones legales (como, por ejemplo, funcionarios). Y como «delito especial propio», sólo pueden cometerlo el círculo de personas indicadas, respondiendo, en su caso el «extraneus», como cooperador.

Así pues castiga este precepto, en su tipo básico, la difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa llevada a cabo por quien tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva y, en su tipo privilegiado, a quien utilice el secreto en provecho propio teniendo, nuevamente, como notas características la confidencialidad (pues se quiere mantener bajo reserva), la exclusividad (en cuanto propio de una empresa), el valor económico (ventaja o rentabilidad económica), y la licitud (la actividad ha de ser legal para su protección).

En el párrafo segundo de este artículo escribe un subtipo atenuado (privilegiado) para los casos en que esa persona obligada a guardar el secreto lo utiliza en provecho propio.  Y es que, el beneficiarse solo a sí mismo en principio deja más reducida la posibilidad de la competencia ilícita, que en el caso de que se difunda más allá.

Es cierto que la figura penal aplicada, como delito de tendencia que es (Cfr. STS nº 1607/2000, de 16 de febrero), requiere dolo y por ello es concebible el error, especialmente sobre el deber de especial sigilo, cuando el sujeto cree que ha terminado tal obligación. Y ha dicho esta el Tribunal Supremo (Cfr. SSTS 275/2006, de 6 de marzo; de 11 de junio 2007, nº 542/2007) que el dolo se excluye cuando el autor ha obrado con error sobre la concurrencia de los elementos del tipo objetivo, es decir, por un error que impide al autor conocer el peligro concreto de realización del resultado típico o los hechos constitutivos de la infracción como expresa el artículo 14 del Código Penal. Sin embargo, también es doctrina jurisprudencial consolidada (Cfr. SSTS de 13 de noviembre de 1989; 13 de junio de 1990; 22 de enero de 1991; 25 de  mayo de 1992; 7 de julio de 1997 y de 16 de febrero de 2006, nº 171/2006) que no basta la mera alegación del error, sino que es necesaria su probanza por quien lo invoca, debiendo tenerse en cuenta las condiciones psicológicas y  de cultura del infractor, así como de instrucción y asesoramiento del mismo.

Una de las resoluciones pioneras en la interpretación de este tipo -cesión de secreto empresarial- y sobre la que se vertebraría toda la jurisprudencia menor dictada con posterioridad (téngase en cuenta que, por la pena en abstracto de este delito, el Tribunal Supremo no conoce del mismo salvo que haya sido enjuiciado junto con otros que cuya pena en abstracto supere los cinco años de prisión, sin perjuicio de las inhabilitaciones correspondientes) es la Sentencia del Tribunal Supremo nº 285/2008, de 12 de mayo que contemplaba el caso del empleado de la empresa «Industrias de Fijación Técnica, S.A.» (dedicada al suministro y distribución de repuestos de maquinaria industrial y automoción, herramientas, utillaje diverso y demás productos y accesorios derivados) con la categoría de Director Comercial, cuyas relaciones laborales se extinguieron en un año determinado y recopiló datos comerciales de la mercantil, tanto en papel como en ficheros informáticos a los que tenía acceso en el ejercicio de su funciones propias, con objeto de servirse de ellos (esto es, en «provecho propio» y, por ende, aplicándole el tipo atenuado y no el básico, que es el atribuible al querellado). Los datos comerciales en cuestión comprendían la catalogación de los productos, su descripción gráfica, precios de adquisición y venta al público, listado de proveedores y clientes, etc.

La resolución lo condenaba sobre la siguiente base: El recurrente incurrió en la conducta típica de cesión (dentro de la que, sin duda hay que incluir la autocesión) de un secreto de empresa, contraviniendo la obligación legal que como fuente de la reserva, le venía impuesta por su condición de empleado de la empresa y por su contrato laboral, accediendo -también con toda lógica- a tal información durante la vigencia del contrato y antes de extinguirse la relación laboral. En definitiva, continúa, el secreto de la empresa, según lo que más arriba dijimos, no cabe duda que comprende datos comerciales, tales como la catalogación de los productos, descripción gráfica, precios de adquisición y venta al público y listado de proveedores y clientes, objeto de la recopilación, tanto en soporte papel como en ficheros informatizados, efectuada por el acusado.

Y decretaba la innecesaridad de la existencia de «perjuicio» en la acción delictiva cuando señala:

La Sala de instancia, en su fundamento jurídico sexto, observa que: «en el caso que nos ocupa no ha quedado fiablemente acreditado cuál fue el verdadero perjuicio, que se derivó para «Técnica», del delito cometido por el acusado Sr. Luis Carlos, pues si bien es verdad que el beneficio bruto de explotación de dicha empresa descendió de 218.240 euros en 2001 a 107.661 euros en 2002, la causa de ello no ha sido específicamente investigada, ni se ha investigado tampoco la actividad comercial de «Wakler» durante el ejercicio de 2002, para verificar si se desarrolló, y en qué medida, sobre clientes de «Técnica»; de manera que no existe otro medio apto para cuantificar aquel perjuicio que el que resultaría de aplicarla cláusula indemnizatoria prevista contractualmente para el caso de concurrencia, y que «Técnica» ha hecho valer ante la jurisdicción laboral, según ya hemos dicho. Por consiguiente, no será dado fijar en la presente sentencia ninguna otra indemnización por tal concepto.

A fortiori, aún prosiguía, condenando en segunda instancia al que fue absuelto en la primera, estableciendo:

De cualquier modo hay que tener presente que ambos acusados incurrieron en la conducta típica de cesión (dentro de la que, sin duda hay que incluir la autocesión) de los secretos de empresa, contraviniendo la obligación legal que como fuente de la reserva, les venía impuesta por su condición de empleados de la empresa y por su contrato laboral, habiendo accedido a tal información durante la vigencia del contrato y antes de extinguirse la relación laboral. (…) siendo posible el castigo incluso del extraneus, que coopera de alguna manera con los autores, no puede admitirse la impunidad de quien, lleva a cabo una actividad de verdadero autor, conjuntamente con el ya condenado, y que por ello resulta plenamente subsumible en el art. 279 CP. Por ello, el motivo ha de ser estimado.

Dedica, por último, la meritada sentencia un extenso fundamento relativo la interpretación de la «obligación de reserva», señalando (en idéntico sentido lo hace la reciente sentencia nº 17/2014, de 7 de enero, dictada por la Sección Tercera Audiencia Provincial de Valencia) que esa obligación no ha de venir impuesta por una específica cláusula contractual  o por una norma legal específica, bastando con la obligación legal de reserva que impone el Estatuto de los Trabajadores, sin que ello suponga una interpretación extensiva contraria a la naturaleza penal del precepto:

Adentrándonos en el plano de la jurisprudencia menor, son numerosas las sentencias que corroboran el criterio, antes expuesto, mantenido por el Tribunal Supremo siendo destacables las siguientes:

La SAP de Palma de Mallorca nº 335/2013, de 30 de diciembre, que confirma la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal por un delito de revelación de secreto empresarial (279 CP) con el siguiente tenor literal:

Los hechos probados de la resolución determinaban que: «PRIMERO En fecha 2 de febrero de 2.008, la administradora única de la entidad Son Vida Real Estate, S.L., María Milagros, contrató a Efrain en concepto de agente inmobiliario de dicha entidad, pactándose que éste se compromete a guardar el más estricto secreto y a preservar la confidencialidad de todos los secretos empresariales y datos de Son Vida Real Estate, S.L. a los que tenga acceso y que obren en su conocimiento hasta terminado el contrato de trabajo, no pudiendo Efrain , además, almacenar, difundir, ni reproducir en medios externos al sistema informático de la empresa ningún dato sobre clientes y personas interesadas, así como ninguna otra información que guarde relación con su actividad como asesor comercial. La entidad citada también opera con los nombres comerciales de Mallorca Gold y Warth Properties. SEGUNDO El 5 de junio de 2.009, Efrain , de forma unilateral, decide marcharse de la empresa Son Vida Real Estate, S.L.. Ese mismo día, a una hora intempestiva, fuera de su horario normal de trabajo, Efrain acudió a la oficina, y con la intención de apoderarse en su propio beneficio del listado de clientes de Son Vida Real Estate, S.L. envío desde su correo electrónico de trabajo en esta última entidad DIRECCION000 a la cuenta privada del mismo DIRECCION001 y a las de su padre DIRECCION002 y DIRECCION003 (…). Desde luego no puede concluirse cuál era el exacto contenido de los mails remitidos, y si estos contenían la totalidad del listado de clientes, o parte, u otros datos de interés de la empresa; pero, desde luego puede deducirse -en tanto el acusado bien pudo traer como documental el contenido de dichos correos que, se dice por su parte, eran puramente de contenido privado- que se trataba de información empresarial (…). Por otra parte, con relación a la calificación jurídica de los hechos y las consideraciones sobre si es, o no, secreto de empresa lo cierto es que, como ya manifiesta la resolución de la Audiencia Provincial de Barcelona nº 387/05, la revelación de datos comerciales confidenciales de la empresa, como puede ser el listado de clientes, a los que se ha tenido acceso como consecuencia de la relación laboral con la misma …es conducta subsumible en el art. 279 CP, tal y como reiteradamente ha establecido la jurisprudencia menor… En conclusión, tenemos, la cesión (autocesión en este caso) de un secreto de empresa (ya sean los listados completos, ya algunos datos de clientes que poseía la querellante en exclusividad) por el acusado, quien tenía obligación contractual de guardar reserva de los mismos (como es de ver en la cláusula de confidencialidad, en la que se le exige «guardar el más estricto secreto y a preservar la confidencialidad de todos los secretos empresariales y datos a los que tenga acceso y que obren en su conocimiento. El deber de secreto profesional permanecerá una vez terminado el contrato. El agente inmobiliario no podrá almacenar, ni difundir, ni reproducir en medios externos al sistema informático de Son Vida Real Estate ningún datos sobre clientes… así como ninguna otra información que guarde relación con su actividad como asesor comercial … se compromete a guardar con el debido cuidado toda la documentación que le sea facilitada por Son Vida Real Estate».

La SAP de Córdoba nº 532/2014, de 12 de marzo, que ratifica la condena por descubrimiento y revelación de secretos y cesión de secretos de empresa (listados de clientes otros archivos empresa que contenían información reservada sobre las obras y servicios que se iba a presupuestar) dictada por el Juzgado de Instancia señalando que:

En síntesis, y por lo que respecta al delito del art. 279 por el que el apelante ha resultado condenado, los hechos que se han declarado probados vienen a consistir en la utilización por parte del acusado, en su propio beneficio -a través de la empresa de la que era socio-, de la información que obtenía de la empresa para la que trabajaba, sobre listados de clientes, precios y presupuestos que dicha empresa ofertaba a sus clientes por las obras o servicios que constituían la actividad propia del giro o tráfico de la misma. (…) Alega el apelante en primer lugar que la sentencia incurre en infracción de ley por indebida aplicación del art. 279 CP por entender que no existe ese secreto empresarial, ya que el Sr. Darío era la persona encargada de efectuar los presupuestos, con creación por él mismo, incluso, de un banco de precios, mencionando al respecto la declaración del testigo Sr. Fulgencio (Ingeniero Técnico que en esa época también trabajaba para Demoliciones Córdoba), quien afirmó que el acusado era la persona que creó ese banco de precios, y que por su trabajo conocía los precios a los que se ofertaba por parte de Demoliciones Córdoba. No existe, pues, al decir del recurrente, secreto empresarial que haya podido ser revelado o utilizado. El conocimiento de los potenciales clientes, al ser un mercado muy reducido el de retirada de fibrocemento, lo tiene por su propia experiencia y conocimiento del mercado. También menciona el apelante la importancia que en las sentencias que cita se da al hecho de que no existiera una cláusula de no confidencialidad firmada, al contrario que la sentencia apelada, pues esta obligación genérica del Estatuto de los Trabajadores no es suficiente para entender cometido este delito, y la sentencia que se cita por el Magistrado (la STS de 12-5-08) está referida a un supuesto en que sí existía esa cláusula de confidencialidad firmada por el condenado. En definitiva, se sostiene en el recurso que el Sr. Darío no ha podido revelar ningún secreto pues ningún secreto existía para él, al ser la persona encargada de confeccionar los presupuestos para las obras y conocía por su propio hacer diario los precios y demás datos que se tenían en cuenta para elaborar un presupuesto. Por eso si un día decide montar una empresa o prestar servicios para otra empresa, ningún secreto revela puesto que se limita a utilizar los conocimientos del sector, máxime cuando no existe ninguna cláusula de concurrencia o confidencialidad que pudiera verse vulnerada. Además, esos posibles secretos son conocidos con la voluntad del empresario, el cual no los oculta, y son conocidos por el acusado precisamente en razón de su actividad profesional (…). Sin embargo, y por lo que respecta en concreto a los listados de clientes, la STS de 16-12-2008 aborda un supuesto en el que la Audiencia Provincial había absuelto a los acusados sobre la base de considerar que los datos de esas listas no son confidenciales de la empresa, sino de los propios clientes, ni tampoco exclusivos, pues se hallan también en otros ámbitos. El TS no comparte tal criterio y sostiene que «los datos individuales de cada cliente no son secretos sino para el propio interesado; pero sí han de considerarse tales las lisas de todos ellos que tienen las empresas para el buen desarrollo de sus actividades comerciales, con las cuales pueden desarrollar de modo adecuado su trabajo. Estas listas de clientes son un elemento importante para conservar y afianzar un mercado frente a otros competidores que, sobrepasando lo lícito, pudieran valerse de esas listas para ofrecer su actividad negocial a quienes, precisamente por esas listas, pueden llegar a saber la identidad y datos personales de futuros clientes. Ciertamente las empresas tienen unos conocimientos derivados de esas listas que guardan celosamente en sus ordenadores que quieren mantener al margen del conocimiento de otras de la competencia. Citamos como precedente de esta doctrina lo que en su fundamento de derecho 1º, apartados 2 y 4, nos dice la reciente sentencia de esta Sala 285/2008, de 12 de mayo , en los que se señala como parte del secreto de empresa la clientela o el listado de proveedores y clientes, citada por el Ministerio Fiscal» (…). De acuerdo con la doctrina jurisprudencial expresada, debemos concluir que los listados de clientes y demás archivos de la empresa que contenían información reservada sobre las obras y servicios que iba a presupuestar, contenido y condiciones de la oferta y demás datos relevantes para la actividad comercial de la entidad Demoliciones Córdoba S.L., deben considerarse secretos empresariales a los efectos del art. 279 mencionado (…). En otro orden de cosas, los actos llevados a cabo por el acusado se enmarcan en una conducta global o permanente de obtención de la información para su utilización por la referida empresa, siempre en el propio provecho o beneficio del autor, pues la finalidad no era proporcionar los datos a terceros, sino beneficiarse el propio acusado, aunque para ello los utilizara a través de la empresa de la que era socio. Es por ello que esta Sala considera que el precepto es aplicable.

Y la SAP de Valencia nº 17/2014, de 7 de enero, corrobora la condena por un delito de cesión de secretos de empresa del artículo 279 CP (listado de clientes, tablas de costes de proveedores, tarifas de transporte, de almacenaje y de grupaje) y remarca que el delito se comete con independencia de quién sea el destinatario de la información confidencial:

Los elementos del tipo son los mismos en uno y otro caso y, como señala la primera de las sentencias citadas, «en el párrafo 2 de este art. 279 se describe un subtipo atenuado (privilegiado), para los casos en que esa persona obligada a guardar el secreto lo utiliza en provecho propio. El beneficiarse solo a sí mismo en principio deja más reducida la posibilidad de la competencia ilícita, que en el caso de que se difunda más allá». El delito contemplado en el primer párrafo se comete cualquiera que sea el beneficiario de la información indebidamente revelada, pero si ese beneficiario lo es el propio obligado a guardar el secreto, será de aplicación el subtipo atenuado del párrafo segundo, precisamente porque, como señala la citada sentencia del Tribunal Supremo, se entiende que con ello se ha reducido el ámbito de difusión indebida del secreto de empresa y el consiguiente perjuicio causado a la misma (…). Tampoco puede ser estimado este motivo de apelación porque parte, como el anterior, de una premisa que no se comparte: el artículo 279 del Código penal no contempla dos figuras delictivas distintas y heterogéneas, sino, como se ha dicho, un tipo básico y un subtipo atenuado del mismo delito. Y todo ello sin perjuicio de que, en realidad, el recurrente hace una interpretación sesgada de los relatos de hecho de los escritos de acusación y de la sentencia apelada que, sin embargo, no incurre en la contradicción que se le reprocha. En efecto, los escritos de acusación imputaban al acusado y la sentencia apelada declara probado que éste remitió la información confidencial de la querellante a la entidad Raminatrans S.L. «para ser utilizada en su nuevo puesto de trabajo» en dicha empresa. En ningún momento se dice que la información se revelara en beneficio de la nueva empresa. Y en su fundamentación jurídica el Juzgador de instancia explica que como no entendía acreditado que el acusado hubiera llegado a facilitar la información a la nueva empresa, pero sí que la llegó a utilizar en su propio provecho, decide tipificar los hechos por el subtipo atenuado y no por el tipo básico del artículo 279. (…) Sentado lo anterior, en el caso de autos se ha declarado probado que la información que el acusado remitió a su correo electrónico personal consistía en tarifas de fletes y gastos a la llegada con el correspondiente margen comercial para la empresa, listado de clientes, tablas de costes de proveedores, tarifas de transporte, de almacenaje y de grupaje (…) Se trataba de información que, obviamente, no estaba a disposición del público, sino que el acusado hubo de tomar del sistema informático de la entidad querellante, e incluso parte de dicha información se refería a clientes (como Eurojuguetes) que no gestionaba el acusado sino un compañero de trabajo. Ciertamente, como declararon los testigos en el juicio oral, las tarifas de los proveedores son fluctuantes pero ello no es suficiente para desvirtuar la relevancia de la información remitida por el acusado a su cuenta de correo porque junto a esas tarifas se contenía la estrategia comercial de la entidad querellante con relación a clientes concretos, estrategia que la querellante, como cualquier empresa, tiene un evidente interés en mantenerla oculta a sus competidores. Y, en cuanto a las listas de clientes, alega el apelante que el listado intervenido no era de la totalidad de la clientela de la querellante, porque la testigo Cristina Granados no pudo identificar a todos los allí relacionados como clientes de la querellante. Pero basta con que en ese listado se relacionara una parte de los clientes de la entidad querellante para que de nuevo hubiera que valorar la información como «secreto de empresa» porque incluso la divulgación de una parte de su clientela total es relevante para la misma. En suma, la información que el acusado remitió a su cuenta de correo personal debe ser considerada como secreto de empresa y, en consecuencia, también procede la desestimación de este motivo de apelación.

No obstante la jurisprudencia anterior, en idéntica sintonía, existe mucha más que abunda en lo expuesto, verbigracia: SAP Navarra nº 65/2011, de 27 de abril, SAP Alicante nº 630/2014, de 11 de diciembre, SAP Badajoz nº 4/2016, de 1 de febrero,  SAP Barcelona nº 262/2016, de 5 de abril, o SAP Pontevedra nº 162/2016, de 22 de julio.

Para concluir, señalar que es suficiente con la revelación a terceros de información confidencial para consumar el delito (no siendo preciso que se llegue efectivamente a producir perjuicio a la mercantil o beneficiar al tercero receptor –STS nº 285/2008, de 12 de mayo, SAP de Valencia nº 17/2014 y SAP Barcelona nº 271/2016–), que es indiferente que el contenido revelado lo conociera el autor con anterioridad pues, per sé, se está afectando al bien jurídico protegido y el tipo ya contempla de forma específica este supuesto (STS nº 864/2008, de 16 de diciembre) y que el delito se agota con la realización de cualquiera de las modalidades de conducta descritas en el tipo, que son fungibles entre sí, siendo indiferente que el traspaso a terceros sea considerado difusión, revelación o cesión.