Dilaciones indebidas 2018

La Sentencia del Tribunal Constitucional nº 142/2010, de 21 de diciembre (también, entre otras, las SSTC 160/2004, de 4 de octubre, FJ 5, y 153/2005, de 6 de junio, FJ 6) viene a decir que por más que los retrasos experimentados en el procedimiento hubiesen sido consecuencia de deficiencias estructurales u organizativas de los órganos judiciales o del abrumador trabajo que sobre ellos pesa, esta hipotética situación orgánica, si bien pudiera excluir de responsabilidad a las personas intervinientes en el procedimiento, de ningún modo altera el carácter injustificado del retraso. El elevado número de asuntos de que conozca el órgano jurisdiccional ante el que se tramitaba el pleito no legitima el retraso en resolver, ni limita el derecho fundamental de los ciudadanos para reaccionar frente a tal retraso, puesto que no es posible restringir el alcance y contenido de ese derecho (dado el lugar que la recta y eficaz Administración de Justicia ocupa en una sociedad democrática) en función de circunstancias ajenas a los afectados por las dilaciones. Por el contrario es exigible que Jueces y Tribunales cumplan su función jurisdiccional, garantizando la libertad, la justicia y la seguridad, con la rapidez que permita la duración normal de los procesos, lo que lleva implícita la necesidad de que el Estado provea la dotación a los órganos judiciales de los medios personales y materiales precisos para el correcto desarrollo de las funciones que el Ordenamiento les encomienda (STC 180/1996, de 16 de noviembre, FJ 4)”.

Esta atenuante durante muchos años ha tenido que ampararse en la analogía del art. 21.6º CP. A partir de diciembre de 2010 cuenta con una tipificación penal expresa. El actual número 6 del artículo 21 CP, dentro del catálogo de circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal define como tal la dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa. La exposición de motivos de la Ley Orgánica 5/2010 justifica la modificación por la necesidad de dar cobertura normativa a una práctica judicial muy extendida. Como es bien sabido la atenuante es de creación jurisprudencial. Sus perfiles han evolucionado a impulsos de los pronunciamientos de esta Sala Segunda. Hoy contamos ya con unos requisitos legales que en líneas generales se ajustan a lo establecido por esa jurisprudencia que la exposición de motivos proclama querer respaldar. No hay cuestión sobre la aplicabilidad de tal precepto de nueva planta. Las exigencias del nuevo art. 21.6 estaban presentes en la doctrina jurisprudencial y no puede decirse que se hayan endurecido las condiciones para apreciar la atenuante. Se va a utilizar como parámetro de referencia la actual redacción que se refiere a retrasos extraordinarios y no proporcionados con la complejidad de la causa. Como han expresado las SSTS 70/2011, de 9 de febrero, 490/2012, de 25 mayo ó 836/2012 de 19 de octubre mantiene plena vigencia el cuerpo de doctrina elaborado con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo apartado 6 del art. 21 CP.

A tenor de su literalidad la aplicación de la atenuante, exige: a) una dilación indebida y extraordinaria; b) acaecida durante la tramitación del procedimiento; c) que la demora o retraso no sea achacable al imputado y d) que la complejidad del litigio no justifique la dilación. Junto a ello, siendo el fundamento de la atenuante la compensación del daño causado por la dilación mediante la disminución de la pena, es requisito inmanente que el imputado no haya sido favorecido por esas dilaciones, más allá de que no le sean imputables. El perjuicio en principio ha de presumirse: el sometimiento a un proceso penal, la incertidumbre de su resultado, la sujeción a posibles medidas cautelares (v. gr. obligación apud acta), acarrean unas molestias o padecimientos que se acrecientan si el proceso se prolonga indebidamente. Dicho de otra manera: puede presumirse que las dilaciones en el enjuiciamiento perjudican al posteriormente condenado y que ese perjuicio merece una compensación que viene de la mano de la atenuante (aunque se puedan producir otras compensaciones a través de instituciones como la abonabilidad de las medidas cautelares: arts. 58 y 59 CP). Pero es una presunción que admite prueba en contrario. No admite discusión que el tiempo de duración del proceso ha sido excesivo. La escasa complejidad no concuerda ni con su duración global ni con los periodos de ralentización o paralización que se detectan y que se han descrito con anterioridad. Que la causa de esa lentitud radique en déficits estructurales o en razones no achacables a los profesionales intervinientes, no disipa el perjuicio ocasionado por esos retrasos. Objetivamente el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas ha padecido. No se trata de buscar culpabilidades o responsabilidades, sino de constatar tanto esa afectación; como que quien invocó el derecho no ha contribuido a ella. Las conocidas, por notorias, deficiencias estructurales de la Administración de Justicia hacen compatible la lesión del derecho a un proceso ágil con el hecho de que no pueda atribuirse a nadie específicamente la disfunción. Los déficits institucionales no pueden repercutir negativamente, más allá de lo razonable, en el justiciable.

Por tanto aunque existan circunstancias claras y objetivas que justifiquen o disculpen desde el punto de vista de los intervinientes en el proceso esas demoras, no pueden hacerse recaer sus consecuencias en el afectado que se hace acreedor de la atenuante también cuando las dilaciones obedezcan a situaciones que las excusan. Sólo los retrasos imputables a él mismo excluyen la atenuación. No puede reclamar un beneficio como compensación de unos perjuicios quien es responsable de ellos. Pero que las dilaciones puedan justificarse desde la perspectiva de los agentes intervinientes en el proceso (oficinas judicial y fiscal, partes, ministerio fiscal, integrantes de las diversas Salas de Justicia…) no afecta nada a la cuestión. Eso es lo que conviene ahora destacar. Desde el punto de vista institucional no son justificables y el Poder Público debe ofrecer una respuesta a esa disfunción. 

El Alto Tribunal establece destaca que siendo dos conceptos confluyentes en el propósito de que cualquier persona sometida a proceso pueda tener obtener un pronunciamiento definitivo de manera rápida, difieren sin embargo en sus parámetros interpretativos, pues las «dilaciones indebidas» son una suerte de prohibición de retrasos en la tramitación que han de evaluarse con el análisis pormenorizado de la causa, en función de la existencia de lapsos temporales muertos en la secuencia de tales actos procesales, mientras que el «plazo razonable» es un concepto mucho más amplio, que significa el derecho de todo justiciable a que su causa sea vista en un tiempo prudencial, que ha de tener como índices referenciales la complejidad de la misma y los avatares procesales respecto de otras causas de semejante naturaleza, así como los medios disponibles en la Administración de Justicia (SSTS de 23 de mayo o de 20 de septiembre de 2003, la nº 81/10, de 15 de febrero o la nº 416/13, de 26 de abril). En todo caso, ambas lesionan el derecho fundamental del acusado a que su causa sea conocida y resuelta en un tiempo prudencial (STS 1589/05, de 20 de diciembre), tanto considerando que las circunstancias personales, familiares y sociales del acusado cambian durante procesos temporales singularmente dilatados, por lo que la pena no puede cumplir las funciones de ejemplaridad y rehabilitación como lo harían en el momento en que la acción evidenció la necesidad de resocialización (STS 1515/02, de 16 de septiembre), como por infligir la demora un padecimiento natural al acusado que debe computarse en la pena estatal que se imponga, para lograr mantener la proporcionalidad entre la gravedad de la sanción impuesta y el mal causado por su acción (STS 932/08, de 10 de diciembre).

A la vista de que el concepto de «dilación indebida» es abierto o indeterminado, requiriendo en cada caso una específica valoración acerca de si ha existido efectivo retraso verdaderamente atribuible al órgano jurisdiccional, si éste es injustificado y si constituye una irregularidad irrazonable en la duración mayor de lo previsible o tolerable, conviene traer a colación diversas sentencias en las que ha sido apreciada la referida atenuante como cualificada en unos casos y como ordinaria o simple en otros. Así, por orden cronológico y según el rango del órgano de la que proceden:

1º) TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

Sentencia nº 160/2004, de 4 de octubre.

 Nos recuerda cómo el celo de los órganos jurisdiccionales debe ser mayor cuando, como sucede en el supuesto de autos, se ha seguido un Procedimiento Abreviado. Así, afirma esta sentencia que la atenuante es aplicable cuando existe una paralización del proceso durante trece meses en un plazo de tres años por haberse producido un traslado sucesivo de actuaciones al Ministerio Fiscal y a la acusación particular en lugar de realizarse de forma simultánea. 

2º) TRIBUNAL SUPREMO (SALA 2ª).

Sentencia nº 204/2004, de 23 de febrero (recurso núm. 19/2003): 

La sentencia ha sido dictada casi seis meses después de la vista pública del juicio. Éste concluyó el 18 de marzo de 2002 y la sentencia lleva fecha de 4 de septiembre del mismo año y fue notificada diez días más tarde. Ni en los antecedentes ni en los fundamentos de la misma se exponen razones que hayan justificado el incumplimiento de los plazos legales para dictar sentencia. El Ministerio Fiscal ha sostenido que la demora en dictar sentencia no afecta al derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, pues entiende que éstas sólo serían relevantes si se hubieran producido durante la tramitación de la causa. Esta sala considera, por el contrario, que toda demora carente de justificación procesal es indebida. Por otra parte, el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas alcanza inclusive a la sentencia de la instancia, dado que sin ella no hay decisión y que la decisión dentro de un plazo razonable es a lo que tiene derecho el acusado. Esta Sala no ignora que pueden haber existido causas estructurales de la organización de la justicia que pueden haber incidido en esta demora. Pero ellas no tienen efecto justificante de la lesión de derechos fundamentales.

Sentencia nº 470/2010, de 27 de mayo:

El Ministerio Fiscal impugna la aplicación de la atenuante del art. 21.6ª CP como muy cualificada basada en las dilaciones sufrida por el proceso en el que se dictó la sentencia recurrida. Sostiene el Fiscal, que, en principio, no cabría apreciar una atenuante analógica como muy cualificada y que si bien «ha existido una falta de actividad desde marzo de 2005 a febrero de 2006, el resto del procedimiento, a pesar de no ser un modelo de celeridad no ha sufrido paralizaciones y los retrasos carecen de especial relevancia y se deben exclusivamente a la conducta procesal del acusado que, a pesar de reconocer los hechos y dentro de su legítima estrategia de defensa, realizó numerosas impugnaciones (…)». La Audiencia basó su decisión sobre el carácter de muy cualificada de la atenuante aplicada en la ausencia de toda complejidad del hecho, «admitido desde el primer momento por el imputado», considerando además que desde el auto de apertura del juicio oral de fecha 5.3.2007 hasta la remisión de los autos a la Audiencia para su enjuiciamiento transcurrieron más de dos años ((22.5.2009). Por tal razón desde la formulación de la denuncia (julio de 2004) hasta el dictado de la sentencia (27.10.2009) transcurrieron más de cinco años. Es de tener en cuenta que cuando se dictó el auto de incoación de las diligencias de 27.8.2004 (fº 403) el Juzgado de Instrucción ya había recibido el expediente disciplinario administrativo (fº 4/402) en el que ya se encuentra prácticamente hecha toda la instrucción del caso, dado que allí ya constan, en fotocopia, todas las recetas y las demás comprobaciones de su utilización. (…) La Sala debe señalar que el derecho a ser enjuiciado y a la resolución del caso sin dilaciones indebidas, de acuerdo con el art. 10.2 CE, debe ser interpretado conforme a la Convención Europea de Derechos Humanos y que, por lo tanto, debe entenderse como indebida la duración de un proceso cuando no resulte razonable (art. 6.1 CEDH). Indudablemente la duración de cinco años no es razonable cuando se trata de un proceso, como el presente, que carece de complejidad, en el que la instrucción ya había sido en lo sustancial realizada en sede administrativa y en el que el imputado reconoce su autoría y no ha tenido una conducta procesal obstrucionista, pues sus impugnaciones constituyen el ejercicio de un derecho procesal. En tales condiciones, sería irrelevante que no hayan sido comprobadas paralizaciones de la causa. No obstante, en el presente caso, como surge del estudio de la causa realizado por el Ministerio Público, sin perjuicio de otras demoras menores, entre la formulación de la denuncia y la incoación de las diligencias transcurrieron casi seis meses y entre el auto de apertura del juicio oral (5.3.2007) y la remisión de los autos a la Audiencia transcurrieron más de dos años. Por lo tanto, en la medida en la que, por lo menos, la mitad del tiempo de duración de la causa carece de justificación, la apreciación de la atenuante del art. 21.6ª CP ha sido correctamente apreciada como muy cualificada.

Sentencia nº 563/2010, de 7 de junio:

Relativa a un delito contra la salud pública en donde la causa estuvo paralizada tan sólo ocho meses durante su tramitación y por ello aplica la atenuante simple, pues sólo duró dos años desde su incoación hasta la sentencia. Así: Aplicadas las consideraciones anteriores al caso sometido a nuestra revisión casacional, hemos de dar la razón al Ministerio Fiscal. En efecto, el plazo de paralización relevante constituido por los ocho  meses que se tardan en corregir el error de enviar la causa al Juzgado de lo Penal, en vez de a la Audiencia Provincial, no puede justificar tan drástica reducción de la pena, que se produce como consecuencia de la apreciación de una atenuante con el carácter de muy cualificada. Es cierto que la tramitación sencilla de estos autos hubiera merecido una mayor celeridad en su tramitación, pero ello no puede conducir a la reducción muy por debajo de los umbrales mínimos de la pena prevista por el legislador para el delito cometido. Así las cosas, estimaremos concurrente la meritada atenuante con el carácter de simple, imponiendo la penalidad en la mínima imponible.

Sentencia nº 184/2011, de 17 de marzo:

En un delito -tramitado por el Procedimiento Ordinario– que se inicia en el año 2007 y concluye con sentencia en el año 2010 (sólo en 3 años) se señala literalmente respecto de la atenuante: En cualquier caso el empleo de seis meses en corregir la adecuación del procedimiento (de 9 de febrero de 2007 a junio del mismo año) o de más de seis meses en dictar auto de procesamiento, tras acordar incoar sumario, invertir otros seis meses en recibir la declaración indagatoria desde que se dictó el procesamiento, o, en fin, señalar juicio oral con cinco mesES de distancia entre esa providencia y la fecha fijada para celebrarlo, son dilaciones sin duda injustificadas. Sin que los recursos, que carecen de efectos suspensivos, puedan justificar esos periodos de inactividad. Lo que hace que debamos estimar el recurso del Ministerio Fiscal solamente de manera parcial (pues pretendía la aplicación de la atenuante como cualificada).

Sentencia nº 484/2012, de 12 de junio:

El motivo cuarto al amparo del art. 5.4 LOPJ en armonía con el art. 852 LECrim por vulneración del derecho a un proceso publico sin dilaciones indebidas y con todas las garantías contemplado en el art. 24 CE. Se argumenta en el motivo que los hechos acaecieron el 19-12.2005 y la sentencia no se produce hasta el 14-4-2011, esto es transcurridos más de cinco años, cuando resulta evidente que la causa no es voluminosa, ni compleja, ni fue necesaria en fase de instrucción la búsqueda de testigos, partes, objetos, etc…ni causa imputable al encausado que justifiquen ese retraso, debiéndose considerar la dilación como atenuante muy cualificada. El motivo, que es apoyado parcialmente por el MF, debe ser estimado. (…) Estas paralizaciones junto al exceso lapso temporal de duración del proceso, los hechos sucedieron el 15.12.2005 y la sentencia de instancia es de fecha 14.4.2011, en un proceso muy simple y sin complejidad alguna -solo dependiente de un análisis de laboratorio realizado a los dos meses de los hechos- confieren la entidad suficiente para apreciar tal atenuante con el carácter de muy cualificada.

Auto nº 665/2013, de 7 de marzo:

Por la Sección 30ª de la Audiencia Provincial de Madrid se dictó sentencia, con fecha 2 de noviembre de 2012, en autos con referencia de rollo de Sala-procedimiento abreviado nº 14/2012, tramitados por el Juzgado de Instrucción nº 6 de Madrid, como diligencias previas nº 5881/2007, en la que se condenaba a Agapito , como autor de un delito contra la salud pública, concurriendo las circunstancias atenuantes de drogadicción y muy cualificada de dilaciones indebidas (…) Tampoco se advierte en qué medida dicha condena ha podido vulnerar, como también se alega en el recurso, el principio de proporcionalidad. Si éste se pretende relacionar con la pena impuesta al recurrente, ha de tenerse en cuenta que la misma se ha fijado en nueve meses y un día de prisión, tras estimar la concurrencia de las atenuantes de drogadicción, y de dilaciones indebidas, ésta última como muy cualificada; pena proporcionada a la gravedad de los hechos por los que el recurrente ha sido condenado. En este caso se aprecia -confirma- por transcurrir casi 5 años desde la incoación de la causa hasta el dictado de la sentencia.

Sentencia nº 165/2013, de 26 de marzo:

Se postula la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada con los efectos punitivos correspondientes. Se dice que las Diligencias Previas se iniciaron en Octubre de 2003 y la sentencia sometida al presente control casacional es de 6 de Marzo de 2012. Tal periodo de ocho años y seis meses es desmesurado, injustificado y no atribuible a los recurrentes. La sentencia en el f.jdco. quinto, justifica la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas como atenuante ordinaria . Al aplicar tal atenuante hace referencia a la complejidad de la causa, a lo que hay que añadir los numerosos imputados con los traslados correspondientes, de lo que da testimonio el total de 45 Tomos de Instrucción y los tres Tomos del Rollo de la Audiencia y once procesados . En este control casacional verificamos lo acertado de la decisión de la Sala y por tanto el rechazo de estimar tales dilaciones como muy cualificadas, este plus no está acreditado ni se justifica dada la definición de las dilaciones contenidas en el art. 21-6º Cpenal. 

Sentencia nº 489/2014, de 10 de junio:

Como segundo motivo formula al amparo del artículo 849.1 de la LECrim , por aplicación indebida de la atenuante de dilaciones indebidas prevista en el artículo 21.6 del Código Penal . La sentencia justifica esta atenuante, porque si bien los hechos suceden en febrero de 2009 y la instrucción se completó en junio de 2011, medió retraso en la celebración del juicio hasta el 28 de junio de 2013, por circunstancias ajenas al acusado. La recurrente, indica por el contrario que el motivo del retraso fueron los recursos formulados por el acusado, de reforma contra el Auto de transformación de la causa en sumario de 16 de diciembre de 2009; y en reforma y apelación contra el Auto de 31 de agosto de 2010 que acordaba e procesamiento, desestimado por la Audiencia Provincial, por Auto de 3 de mayo de 2012. Siendo esas fechas ciertas, también debemos precisar que entre el 13 de septiembre de 2011 y el 10 de enero de 2012 –menos de 4 meses- la causa estuvo paralizada, pues aunque la Audiencia ordenó devolver el testimonio de las actuaciones al Juzgado, para que procediera a emplazar a las partes, no fue cumplimentado hasta la última fecha, al haberse traspapelado el testimonio. (…) También nos recuerda esta STS 360/2014 que la Sala tiene establecido en resoluciones precedentes que la atenuante de dilaciones indebidas ha de acogerse unas veces en la condición de simple y otras en la de especialmente cualificada, atendiendo al dato concreto de que el plazo de duración total del proceso se extendiera durante más de cinco años, plazo que de por sí se consideraba, en principio, irrazonable y susceptible de atenuar la responsabilidad penal por la vía del art. 21.6ª del C. Penal pueda entenderse indebido el período habitual empleado en su tramitación. Consecuentemente la atenuante de dilaciones indebidas debe mantenerse.

Sentencia nº 528/2014, de 16 de junio:

Por último, en el ordinal Cuarto del Recurso se denuncia la vulneración del derecho a un Juicio sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE), por el hecho de que la Sentencia de la Audiencia tardase 11 meses en ser dictada, tras la celebración del Juicio oral. Motivo respecto del que el Ministerio Fiscal expresamente sostiene que existe base para que seaestimado, coincidiendo con el Recurso en la posible aplicación de la correspondiente atenuante si bien sin el carácter de muy cualificada que en éste se pretende, lo que supone a la postre su falta de practicidad, al haberse impuesto ya las correspondientes penas dentro del mínimo legalmente posible. (…) Y en esta ocasión se constata que el Juicio oral concluyó el 13 de Noviembre de 2012, no procediéndose a dictar la correspondiente Sentencia hasta el 10 de Octubre del siguiente año, 2013. Es decir ONCE MESES aproximadamente después. Lo que sienta las bases, de acuerdo con la doctrina ya reseñada, para la aplicación de la atenuante solicitada, por tratarse de una dilación excesivamente prolongada, no imputable al recurrente y carente de toda justificación. La alusión del Fiscal referente a la ausencia de queja al respecto por la propia Defensa durante el tiempo en el que se producía el retraso de la Sentencia no puede tenerse como obstáculo para la apreciación de la atenuante, al no serle exigible a la parte acusada el impulso de actuaciones que, de retrasarse, pueden redundar en efectos que le sean favorables, como la aplicación de una atenuante expresamente prevista en la norma penal. Ello supondría trasladar al acusado la carga de velar por una diligencia que sólo al órgano jurisdiccional ha de competer. De igual modo que debemos rechazar alguna interpretación contenida en pronunciamientos anteriores a éste, que cuestionaban la posibilidad de construir una atenuante posterior al acaecimiento de los hechos e incluso a su enjuiciamiento, puesto que no sólo ha de recordarse que con su aplicación se está intentando restañar las consecuencias de lo que no es sino la vulneración de un derecho fundamental, como tal expresamente proclamado en nuestro texto constitucional, cualquiera que fuere el momento de su producción, sino que incluso, tras la incorporación a la literalidad de la Ley ordinaria ( art. 21.6ª CP ) de tal circunstancia, advertimos que en ese texto se hace referencia a la dilación acaecida en «…la tramitación del procedimiento…» y, evidentemente, el plazo para el dictado de la Resolución, regulado en forma expresa en la norma procesal, forma parte de esa «tramitación» . Eso sí, coincidimos con el Fiscal en que la dilación detectada, al no concurrir otros elementos más gravosos como la pérdida de oportunidades probatorias, por el trámite en que se produce, o la privación preventiva de libertad, que en esta ocasión no existía, no merece ser calificada más allá que como «extraordinaria», que es el calificativo que el precepto penal otorga a la circunstancia constitutiva de la atenuante simple, no cualificada. 

Sentencia nº 744/2014, de 13 de noviembre:

Han sido, por tanto, cinco años desde la fecha de detención de los acusados hasta la primera de las sentencias. Se trata de una causa penal con 15 imputados que, una vez celebrado el juicio oral, obligó a su repetición como consecuencia de la estimación de un recurso de casación promovido por el Fiscal, en cuya tramitación tampoco se excedieron lo límites de duración empíricamente aceptables. Ninguno de los plazos que la defensa señala en el desarrollo del motivo puede considerarse manifiestamente injustificado, gratuito o fruto de la desidia institucional en cualquiera de las fases del proceso. De ahí que, atendiendo a la objetiva duración del proceso, la Audiencia haya considerado procedente la estimación de una atenuante simple, al entender que «… se ha producido un retraso considerable, aunque debe tenerse en cuenta que la causa presentaba cierta complejidad dado el volumen y que se había seguido contra 15 imputados, lo que debe ser tenido en cuenta en relación con la instrucción y los sucesivos trámites y señalamientos» ( sic ). La Sala considera que ese desenlace es correcto y que no implica el error de derecho que el recurrente adjudica al Tribunal de instancia. De ahí que proceda la desestimación del motivo por su falta de fundamento (art. 885.1 LECrim).

Sentencia nº 473/2015, de 14 de julio:

En el caso que nos ocupa los hechos enjuiciados concluyen en el mes de Julio de 2007, siendo la Sentencia que los enjuicia en la instancia de fecha 8 de Julio de 2014, es decir, siete años posterior. Y no sólo parece ya, con ese dato, significativamente desproporcionada la duración de un procedimiento que, en modo alguno, puede justificarse por la complejidad de la investigación o de los hechos objeto de enjuiciamiento, sino que, como con tanto acierto precisa la Audiencia en el Fundamento Jurídico Tercero de su Resolución, la pérdida o extravío de los Autos por un largo plazo de tiempo, que resulta por completo ajena a la actuación de las partes, constituye razón suficiente no sólo para la consideración de tales dilaciones como mera atenuante simple, de acuerdo con el criterio seguido por la Audiencia, sino alcanzando el grado de cualificada, de conformidad con la pretensión del recurrente. Debiendo, por lo tanto, estimar el motivo y corregirse la indebida inaplicación de la referida cualificación de la atenuante en la Segunda Sentencia.

3º) JURISPRUDENCIA MENOR.

Sentencia dictada por de la Audiencia Nacional de 8 de octubre de 2008: 

Relata un caso que duró 3 años desde la incoación de las diligencias hasta el señalamiento del juicio se apreció como muy cualificada la atenuante atendiendo a que En cuanto a la pena privativa de libertad, ha de tenerse en cuenta la primariedad delictiva de los acusados, la relativamente escasa cuantía e incidencia de los billetes falsos de 50 euros puestos en circulación, así como la concurrencia de las circunstancias atenuantes por analogía de colaboración con la Justicia y de dilaciones indebidas, esta última en su consideración de muy cualificada, por la ausencia de complejidad en la investigación desplegada. Razón por la cual debe rebajarse en dos grados dicha pena de prisión, como previene el artículo 66.1.2° del Código Penal.

Sentencia  nº 127/2008 de 29 de octubre dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia:

El primer periodo (tres meses) es expresivo de una falta de control sobre el cumplimiento de un exhorto, que dilatándose en su cumplimiento, debió de motivar una diligente actividad para averiguar la razón de su no devolución. El segundo periodo (tres meses) proyecta semejante falta de control sobre la no presentación del escrito de defensa, con los recordatorios que se hubieran considerado obligados, o, en su caso, atender a la previsión legal, tener por opuesta la Defensa a la pretensión acusatoria, y seguir el procedimiento. El tercer periodo (cuatro meses) no encuentra justificación razonable, por cuanto, dictada sentencia de fecha 21 de enero de 2008, que la notificación se efectúe el mes de mayo de 2008 (la primera notificación se practica el 20 de mayo), resulta incomprensible. En consecuencia, casi una cuarta parte del tiempo total transcurrido en la tramitación del proceso carece de justificación, por lo que procede apreciar la atenuante analógica de dilaciones indebidas del artículo 21.6º del Código Penal. La estimación operada lo debe ser con el carácter de simple o no privilegiada, vista la doctrina jurisprudencial señalada.

Sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia nº 31/2011, de 27 de enero:

Precisamente en relación con estas causas de atenuación, las dilaciones indebidas deben reconducirse a la atenuante analógica del artículo 21.6ª del Código Penal. En cuanto a la aplicación de dicha atenuante en el presente caso, ya apreciamos un dato llamativo al constatar que los hechos ocurrieron en abril de 2003 y el juicio oral por los mismos no se ha celebrado hasta 2009, sin que el proceso presente especial complejidad. Y el examen de la tramitación de la causa que hemos recogido en el Hecho Probado Noveno nos muestra que en los siguientes periodos significativos la causa estuvo paralizada de hecho, por causas no imputables en ningún caso a las defensas: – Desde mayo de 2003 en que se recibió la denuncia en el Juzgado, hasta noviembre de 2004 no se practicó diligencia relevante alguna. – Desde abril de 2005, en que se terminó la práctica de diligencias de instrucción, hasta enero de 2006 en que se acordó continuar la causa. -Desde octubre de 2006, en que el Juzgado dictó el primer auto acordando continuar la tramitación de la causa por el cauce del procedimiento abreviado, hasta marzo de 2007 en que dictó nuevo auto con igual contenido. – Desde mayo de 2008 en que el Juzgado de Instrucción remitió la causa al Decanato para su reparto entre los Juzgados de lo Penal, hasta septiembre de 2008 en que llegó a esta Audiencia. Dichos periodos de paralización imputables a los órganos judiciales tuvieron una extensión de 18, 9, 5 y 4 meses, respectivamente, lo que hace un total de 36 meses ó 3 años. Ello conlleva que debamos aplicar en el presente caso dicha atenuante, y con el carácter de muy cualificada, dado el considerable tiempo total en que los órganos judiciales han cometido las dilaciones injustificadas. Dicha circunstancia debe aplicarse a ambos acusados, pues ambos se vieron afectados desfavorablemente por la excesiva duración de la causa. no se exige que la reparación se produzca antes de que el procedimiento se dirija contra el responsable sino que se aprecia la circunstancia siempre que los efectos que en el precepto se prevén se hagan efectivos en cualquier momento del procedimiento, con el tope de la fecha de celebración del juicio. Ya hemos dicho que debemos aplicar en el presente caso una circunstancia atenuante muy cualificada. El vigente art. 66 CP dispone para los supuestos de concurrencia de dos o más circunstancias atenuantes, o una o varias muy cualificadas, y no concurra agravante alguna, la aplicación de la pena inferior en uno o dos grados a la establecida por la ley, atendidos el número y la entidad de dichas circunstancias atenuantes. Entendemos procedente bajar en dos grados las penas y situarnos en un punto medio de la pena inferior en dos grados; es decir, fijar la pena de prisión en un año y seis meses y la de multa en dos meses. En cuanto a la cuota diaria de ésta, la concretaremos en cuatro euros, dada su capacidad económica, reflejada en el Hecho Probado Octavo.

Sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia nº 48/2012, de 21 de mayo:

En cuanto a circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, concurre la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada. Del escrito de acusación definitiva del Ministerio Fiscal se desprende que la causa se calificó el 11 de diciembre de 2010 y, sin embargo, el juicio oral no se ha podido celebrar hasta el 21 de mayo de 2012 -tuvo que haber calificación de la A.Privada, de la Defensa, auto de admisión de pruebas, etc.- cuando, por razón de la materia y del propio procedimiento penal, no había razón alguna para que la causa tardara tanto en tiempo en finalizar. Y aplicamos la atenuante como muy cualificada por cuanto que ambas partes coinciden al final, en conclusiones definitivas, en dicha intensidad. 

Sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia nº 164/2014, de 17 de marzo:

Resta por analizar la pretendida atenuante de dilaciones indebidas, y en cuanto a la misma se aprecia que existen dos periodos relevantes de inactividad judicial: desde el 16 de junio de 2010 al 22 de noviembre de 2010 (más de cinco meses) y desde enero de 2013 a octubre de 2013 (diez meses), y sin razón alguna atinente a complejidad de la causa o comportamiento de la parte; y, además, la madre, sobre la que pesaba una orden de prohibición de aproximación a sus hijos menores desde el 15 de junio de 2010, finalmente fue condenada el 25 de octubre de 2012 (más de dos años después) sólo a una pena de prohibición de aproximación de un año, pese a lo cual no se dispuso el inmediato cese de la medida cautelar en su momento adoptada. Realidad ésta que ha supuesto una relevante afectación en los legítimos derechos como progenitora de la acusada. Es por ello que la Sala entiende aplicable la atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21.6ª del Código Penal, pero no con el carácter de muy cualificada pretendido.

Sentencia dictada por la AP de la Rioja, de fecha 16 abril 2014: 

Un proceso penal carente de complejidad alguna, se ha prolongado durante más de cinco años, con periodos de un año de duración en los que no se ha llevado a cabo ninguna actuación procesal. En tales circunstancias, debe apreciarse la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada.                         

Sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia nº 130/2015, de 17 de mayo:

Finalmente se invoca la indebida inaplicación de la atenuante de dilaciones indebidas del art. 21.6 CP. El Ministerio Fiscal la acepta en su escrito de impugnación del recurso pero entiende que no produce efectos punitivos de ninguna clase puesto que la pena de dos años de prisión es la mínima legal para el delito de lesiones con instrumento peligroso. Pero ello sería así en el caso de aplicar dicha atenuante como básica, pero si se aplica como cualificada la pena puede reducirse por ejemplo en un grado. En este caso hablamos de un hecho bastante simple consistente en unas lesiones causadas con un objeto contundente en que el acusado está perfectamente identificado desde el principio por el que no hay razón alguna para que la totalidad de la tramitación de la causa, incluyendo en ello la fase de recurso de apelación contra la sentencia, alcance casi los siete años de duración. De ahí que entendamos que, en este caso, procede aplicar dicha atenuación con el carácter de muy cualificada y reducir la pena base mínima prevista por la ley en un grado fijándola definitivamente en un año y seis meses de prisión, valorando también la mucha agresividad y peligro de la conducta del acusado que no permiten reducir en mayor intensidad la penalidad correspondiente. En estos términos se estima parcialmente el recurso.

Sentencia dictada por la Sección Décima de la AP de Alicante nº 180/2016, de 9 de mayo:

Se argumenta en segundo lugar que no se haya reconocido la atenuante de dilaciones indebidas con el carácter de cualificada. El procedimiento se inicia por testimonio de particulares remitido por el Juzgado de Primera Instancia en fecha 18-2-2011 al Juzgado Instructor, remitiéndose por éste al juzgado de lo penal tras una tramitación muy sencilla el 18-10-2011 y es por auto y diligencia de ordenación de 29-5-2014 por el que se admiten las pruebas y se señala vista de juicio oral para el 28-10-2014. Consta, por ello, una paralización de dos años y siete meses, plazo próximo a la prescripción. (…) Aplicado al presente supuesto, no solo por la inexistente complejidad de la causa con una tramitación muy sencilla, como por el largo plazo de paralización producido justificado únicamente en la carga competencial y próximo a la prescripción., se estima que sobrepasa el carácter extraordinario que se exige a la atenuante para configurarla como cualificada rebajando la pena en un grado.

Sentencia dictada por la Sección Décima de la AP de Alicante nº 330/2016, de 21 de septiembre:

El recurrente, inicialmente condenado a 1 año de prisión (pena mínima) por un delito contra la salud pública, ve rebajada su condena en un grado (a 6 meses de prisión), en un procedimiento que duró 4 años –y sin que concurriese ninguna atenuante más– al establecer: Se estima así parcialmente el recurso, reduciendo la pena a imponer a seis meses de prisión y multa de la mitad del valor de la droga.

Sentencia dictada por la Sección Décima de la AP de Alicante nº 471/2016, de 16 de diciembre:

Aplica la atenuante como simple, pese a que duró la causa (por drogas) poco más de 3 años: Que ESTIMANDO en parte el recurso de apelación … revocamos parcialmente dicha resolución, en el sentido de apreciar la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas del art. 21, 6º del C.P., confirmando en lo demás la resolución recurrida y declarando de oficio las costas de esta alzada.

Además de las anteriores, se ha considerado la atenuante como meramente simple cuando han transcurrido 3 años desde la comisión del hecho hasta su enjuiciamiento (AP de Madrid, 27 de abril 2009) o existe una única paralización de 10 meses sin causa (AP de Almería, 24 de abril de 2009) o un único intervalo de 9 meses (AP de Pontevedra, 1 de abril 2009) o, en el caso –también– de cualificada, la  Sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia nº 139/2015, de 26 de mayo (aplica muy cualificada por unos hechos cometidos el 5 de marzo de 2011, esto es, 4 años antes). 

LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS ES, SALVO EXCEPCIONES, UN RAZONAMIENTO INADECUADO PARA INAPLICAR LA ATENUANTE DE DILACIONES.

Así lo establece la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 2005 cuando, atendiendo a la excesiva prolongación temporal de la instrucción, aplicó la atenuante considerando que tales razones no podían ser atendidas, toda vez que la interposición de recursos no conforma más que el derecho constitucional de defensa de todo imputado en una causa criminal, sin que se haya constatado que fueran desestimados con manifiesta temeridad procesal. Por consiguiente, a la hora de calificar como obstruccionista o dilatoria la actuación del acusado, el órgano judicial debe también ponderar -y así lo ha venido haciendo el TS- que en muchas ocasiones tal actuación constituirá el ejercicio de su derecho de defensa, sin que resulte cohonestable con este el rechazo de la atenuación porque la utilización de los mecanismos que la ley procesal ofrece para su ejercicio haya demorado el procedimiento.

Atendiendo a lo anterior y para desterrar la «conducta obstruccionista» que pueda imputársele al acusado, la jurisprudencia ha considerado -y sólo en ocasiones- ciertos supuestos que son motivo de inapreciación de la tan citada atenuante. Así, la incomparecencia al llamamiento judicial o situación de rebeldía (STS 29-09-05) o, en sentido similar, las dilaciones derivadas de la realización de diversas diligencias de localización y citación del acusado (STS 14-11-05) o también el retraso en la devolución de los autos por parte del abogado de la defensa (STS 10-02-06). Con todo, la dilación no cabe inapreciarla automáticamente. En efecto, debe distinguirse los supuestos en los que la dilación acontecida sólo puede explicarse por la conducta procesal del actor (caso de indudable inaplicación de la atenuante) de aquellos en los que la demora causada por el actor, incluso por mero afán dilatorio, no explica en su totalidad y gravedad las dilaciones sufridas en un proceso; caso este último en el que el órgano judicial habría de ponderar el peso específico que la dilación atribuible al actor ostenta en el marco total de las dilaciones existentes.

En idéntico sentido, la STS 470/2010, de 27 de mayo establece que  Indudablemente la duración de cinco años no es razonable cuando se trata de un proceso, como el presente, que carece de complejidad, en el que la instrucción ya había sido en lo sustancial realizada en sede administrativa y en el que el imputado reconoce su autoría y no ha tenido una conducta procesal obstrucionista, pues sus impugnaciones constituyen el ejercicio de un derecho procesal. En tales condiciones, sería irrelevante que no hayan sido comprobadas paralizaciones de la causa y, también, la reciente STS nº 489/2014, de 10 de junio que refería que La sentencia justifica esta atenuante, porque si bien los hechos suceden en febrero de 2009 y la instrucción se completó en junio de 2011, medió retraso en la celebración del juicio hasta el 28 de junio de 2013, por circunstancias ajenas al acusado. La recurrente, indica por el contrario que el motivo del retraso fueron los recursos formulados por el acusado, de reforma contra el Auto de transformación de la causa en sumario de 16 de diciembre de 2009; y en reforma y apelación contra el Auto de 31 de agosto de 2010 que acordaba e procesamiento, desestimado por la Audiencia Provincial, por Auto de 3 de mayo de 2012. Siendo esas fechas ciertas, también debemos precisar que entre el 13 de septiembre de 2011 y el 10 de enero de 2012, la causa estuvo paralizada, pues aunque la Audiencia ordenó devolver el testimonio de las actuaciones al Juzgado, para que procediera a emplazar a las partes, no fue cumplimentado hasta la última fecha, al haberse traspapelado el testimonio. (…) También nos recuerda esta STS 360/2014 que la Sala tiene establecido en resoluciones precedentes que la atenuante de dilaciones indebidas ha de acogerse unas veces en la condición de simple y otras en la de especialmente cualificada , atendiendo al dato concreto de que el plazo de duración total del proceso se extendiera durante más de cinco años, plazo que de por sí se consideraba, en principio, irrazonable y susceptible de atenuar la responsabilidad penal por la vía del art. 21.6ª del C. Penal pueda entenderse indebido el período habitual empleado en su tramitación. Consecuentemente la atenuante de dilaciones indebidas debe mantenerse.

SOBRE LOS CONCRETOS PERIODOS DE PARALIZACIÓN.

La Jurisprudencia exige que sean concretados los periodos de paralización a los efectos de que pueda ser vislumbrada la existencia -o no- de desfases temporales relevantes (pues no debe atenderse de forma exclusiva a la duración total del procedimiento ni a su mayor o menor complejidad). El momento preciso es en el escrito de conclusiones definitivas aunque –como se verá– cabe también hacerlo por primera vez en vía de recurso.