La presunción de inocencia supone que ninguna persona pueda sea tratada como culpable hasta que una sentencia firme determine lo contrario, así como que también dicha culpabilidad debe derivar de pruebas debidamente obtenidas y practicadas en juicio con las necesarias garantías (juicio justo).
Es un pilar fundamental del Derecho Penal e inherente a la consolidación del Estado de Derecho Contemporáneo desde el triunfo de las ideas ilustradas en la Revolución Francesa a finales del Siglo XVIII, tratándose de un principio que no solo protege los derechos individuales, sino que también refuerza la equidad y legalidad del sistema judicial.
En este artículo, exploramos su regulación, implicaciones y relevancia en el proceso penal.
¿QUÉ ES LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA?
La presunción de inocencia es un derecho fundamental reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución Española, según el cual toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un juicio justo.
Este derecho fundamental, con consideración de hecho humanos según los convenios internacionales y europeos, implica que:
- Ninguna persona sea sancionada sin pruebas contundentes. Las cuales, por demás, deben de ser obtenidas conforme a la legalidad y practicadas en juicio con las debidas garantías.
- La carga de la prueba recaiga en la acusación.
- El investigado no sufra un trato discriminatorio antes de una sentencia firme.
Este principio también protege la dignidad y el honor del acusado, evitando que se le estigmatice injustamente.
REGULACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y SU IMPORTANCIA COMO DERECHO FUNDAMENTAL
- En la Constitución Española
La presunción de inocencia está reconocida en el artículo 24.2 de la Constitución Española, dentro de los derechos fundamentales:
«Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.»
- En la Ley Orgánica del Poder Judicial
La Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 11.1, establece que en todo procedimiento judicial deben respetarse los principios de buena fe y que no se considerarán válidas aquellas pruebas que se hayan obtenido vulnerando derechos fundamentales, reforzando la protección de la presunción de inocencia.
- En normativa internacional
Este derecho también está reconocido en tratados internacionales de Derechos Humanos, siendo de vital importancia normativas como:
– Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) – Artículo 11.1 –
– Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950) – Artículo 6.2 –
– Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966).
– La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000).
De la misma forma, la defensa de Derechos Fundamentales como la presunción de inocencia puede plantearse en tribunales como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que pueden conocer y revocar de fallos dictados por tribunales españoles. Por tanto, un letrado penalista especialista en presunción de inocencia debe de dominar el sentido de la jurisprudencia dictada por dichos órganos internacionales y, por demás, cuáles son y cómo se utilizan los mecanismos para solicitar amparo ante tales instancias.
APLICACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN EL PROCESO PENAL
Este derecho fundamental deriva en dos vertientes de aplicación:
1. Como regla de tratamiento
Desde el inicio de la investigación hasta la resolución del caso, el acusado debe ser tratado como inocente. Lo que implica:
- Evitar prejuzgamientos en medios de comunicación y en la opinión pública.
- Garantizar un trato equitativo sin restricciones injustificadas de libertad.
- Mantener la privacidad del investigado en procesos sensibles.
2. Como regla de juicio
En un juicio penal, la presunción de inocencia implica que:
- La carga de la prueba recae sobre la acusación.
- El juez solo puede condenar si hay pruebas claras e indiscutibles.
- Se valora la evidencia según el principio de libre valoración de la prueba (artículo 741.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Dicha ponderación sobre la fuerza incriminatoria de las pruebas necesariamente debe ser expresada con la debida motivación, por cuanto la citada libre valoración no debe implicar en ningún caso discrecionalidad y ausencia de razonamiento del porqué del sentido de la valoración.
Si las pruebas son insuficientes o contradictorias, el juez debe absolver al acusado, reafirmando un principio estrechamente ligado con la presunción de inocencia tal y como es el «in dubio pro reo» (en caso de duda, a favor del reo).
Evolución y garantías jurisprudenciales
Para fortalecer la presunción de inocencia, la jurisprudencia ha promovido cambios en el tratamiento legal de los acusados. Un ejemplo es la sustitución del término «imputado» por «investigado», con el fin de evitar la percepción de culpabilidad antes de una sentencia.
Además, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han reforzado la necesidad de que las pruebas presentadas sean obtenidas de manera lícita y analizadas con imparcialidad. De igual forma, tal y como se mencionó con anterioridad, la Jurisprudencia emanada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de presunción de inocencia y obtención ilícita de pruebas es de obligado conocimiento dado que vincula y obliga a los tribunales españoles.
La importancia de contar con un abogado penalista
El respeto a la presunción de inocencia es esencial en todo procedimiento penal. Contar con un abogado penalista resulta determinante para garantizar una defensa sólida y evitar vulneraciones de derechos fundamentales:
- Verificará que las pruebas presentadas sean válidas y obtenidas de forma legal. Esta cuestión viene cobrando una especialísima trascendencia desde los últimos años, especialmente en lo que a cuestiones como la protección de los datos y el derecho a la intimidad se refiere.
Por mor de lo anterior resultan frecuentes los supuestos en los que la buena articulación de una defensa por parte de un especialista en Derecho Penal puede conseguir que las pruebas obtenidas de forma ilícita (por ejemplo, por mediar accesos inconsentidos a ficheros de datos, terminales móviles u otros) deriven en una sentencia absolutoria al invalidar pruebas en asuntos en los que los indicios pudieran parecer clamorosos.
- Defenderá los derechos del investigado en todas las fases del proceso.
- Asegurará un juicio justo y equilibrado.