Refundición de condenas

DE LA ACUMULACIÓN O REFUNDICIÓN DE CONDENAS A TENOR DEL ACUERDO DEL PLENO NO JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 27 DE JUNIO DE 2018.

La acumulación de condenas, conforme a lo dispuesto en el artículo 988 LECrim, tiende a hacer reales las previsiones del Código Penal en lo referente a los tiempos máximos de cumplimiento efectivo en los supuestos de condenas diferentes por varios delitos, según los límites que vienen establecidos en el artículo 76 de dicho Código. La regla general de cumplimiento de las penas privativas de libertad viene establecida en el artículo 75 del CP que dispone que «cuando todas o algunas de las penas correspondientes a las diversas infracciones no puedan ser cumplidas simultáneamente por el condenado, se seguirá el orden de su respectiva gravedad para su cumplimiento sucesivo, en cuanto sea posible». Esta regla general tiene su limitación en el apartado 1 del artículo 76 del mismo texto legal, que dice así: «no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, declarándose extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo, que no podrá exceder de veinte años», estableciéndose a continuación unos plazos especiales más extensos. Estos límites consisten, de un lado, en el triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido y, de otro lado, en veinte, veinticinco, treinta o cuarenta años, según los casos.

Así, pues, en relación a las personas que resulten condenadas por varias infracciones penales, el artículo 73 del Código Penal establece que «al responsable de dos o más delitos se le impondrán las penas correspondientes a las diversas infracciones para su cumplimiento simultáneo, si fuere posible, por la naturaleza y efectos de las mismas». Dado que el cumplimiento coetáneo de las penas privativas de libertad, vacía de contenido material a las distintas sanciones impuestas, el artículo 75 del Código Penal contempla para ellas, como se decía, una regla general que recoge la observancia íntegra y sucesiva de las mismas, disponiendo expresamente que: «cuando todas o algunas de las penas correspondientes a las diversas infracciones no puedan ser cumplidas simultáneamente por el condenado, se seguirá el orden de su respectiva gravedad para su cumplimiento sucesivo, en cuanto sea posible». Una previsión básica que, sin embargo, encuentra su moderación en el apartado 1º del artículo 76 del mismo texto legal, al fijar como límite que el máximo de cumplimiento efectivo no podrá exceder del triple del tiempo por el que se haya impuesto al condenado la más grave de las penas por los delitos en que hubiera incurrido, declarándose extinguidas las penas que resulte procedente desde que las ya impuestas cubran dicho máximo.

De manera complementaria, el artículo 76.2 del Código Penal (en su redacción anterior a la introducida por LO 1/2015) preceptuaba que la aludida limitación se aplicaría aunque las penas se hubieran impuesto en distintos procedimientos, si los hechos, por su conexión o el momento de su comisión, pudieran haberse enjuiciado en uno solo. Aquella previsión encontraba su correspondencia en las normas reguladoras del proceso de ejecución que vienen establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, recogiéndose en su artículo 988 que «cuando el culpable de varias infracciones penales haya sido condenado en distintos procesos por hechos que pudieron ser objeto de uno solo, conforme a lo prevenido en el art. 17 de esta Ley, el Juez o Tribunal que hubiera dictado la última sentencia, de oficio, a instancia del Ministerio Fiscal o del condenado, procederá a fijar el límite del cumplimiento de las penas impuestas conforme a lo dispuesto en el artículo 76 del Código Penal». 

La doctrina del Tribunal Supremo (SSTS nº 1249/1997, nº 11/1998, nº 109/1998, nº 328/1998, nº 1159/2000, nº 649/2004, nº 192/2010, nº 253/2010, nº 1169/2011 o nº 219/2016 entre muchas otras), reflejada particularmente en el Acuerdo de Pleno no jurisdiccional de la Sala de 29 de noviembre de 2005, ha sostenido un criterio favorable al reo en la interpretación del requisito de la conexidad exigido para la acumulación jurídica de penas en los indicados artículos 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 76 del Código Penal, proclamando que más que la analogía o relación entre los distintos delitos sancionados, lo relevante a efectos de refundición es la conexidad «temporal», es decir, que los hechos, atendiendo al momento de su comisión, pudiesen haberse enjuiciado en un solo proceso. En definitiva, lo que se pretende es ajustar la respuesta punitiva en fase penitenciaria a módulos temporales aceptables que no impidan el objetivo final de la vocación de reinserción a que por imperativo constitucional están llamadas las penas de prisión (artículo 25 CE y SSTS nº 1249/1997, nº 11/1998, nº 109/1998, nº 328/1998, nº 1159/2000, nº 649/2004, nº 192/2010, nº 253/2010, nº 1169/2011, nº 207/2014, nº 30/2014 o nº 369/2014, entre otras muchas). De este modo, sólo deberían ser excluidos de la refundición: 1º) los hechos que ya estuviesen sentenciados cuando se inicia el período de acumulación contemplado, es decir, cuando se comete el delito enjuiciado en la sentencia que determina la acumulación y 2º) los hechos posteriores a la sentencia que determina la acumulación. Estas exclusiones se asientan en no dotar a los penados de un patrimonio punitivo que les provea de inmunidad o de una relevante reducción de penalidad para los delitos futuros (STS nº 1376/2001, de 11 de julio), es decir los que puedan cometer después del cumplimiento de su condena o durante la misma, tanto en caso de quebrantamiento, como de delitos ejecutados durante los permisos o en el interior de la prisión; salvaguarda que se obtenía con la indicación del artículo 76.2 del Código Penal de 1995 (en su redacción anterior a la LO 1/2015) cuando  exigía que los delitos cuyas condenas pretendan acumularse se hubieran podido enjuiciar «en un solo proceso». El criterio temporal es, por ello, un criterio legal que tiene su fundamento material en respetables consideraciones de política criminal. Y es que, extender la acumulación a delitos futuros (o incluir en la acumulación futura los delitos ya sentenciados cuando se cometieron los que se pretenden acumular) constituiría un factor criminógeno para quienes, sabiendo cumplida de antemano total o parcialmente la pena que pudiera corresponderles, podrían actuar delictivamente (en el propio Centro Penitenciario, durante los permisos o tras el cumplimiento de la condena) sin el freno o inhibición que representa la conminación de una pena legal, con lo que se haría dejación de la función de tutela de bienes jurídicos que incumbe de modo irrenunciable al sistema penal (STS nº 1376/2001, de 11 de julio, entre otras).

 

El criterio jurisprudencial de considerar conexos, a efectos de limitación de cumplimiento de las penas, todos los delitos que satisfagan la conexidad «temporal» en los términos expuestos y hacerlo con independencia de la analogía o relación que pueda haber entre ellos (criterio de inspiración humanitaria como ya indicaban las SSTS nº 108/13, de 13 de febrero o nº 481/13, de 6 de junio), se ha explicitado en la nueva redacción que ha dado al artículo 76.2 del Código Penal la reciente reforma operada por LO 1/2015. Dispone hoy el mentado artículo que «La limitación se aplicará, aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos, cuando lo hayan sido por hechos cometidos antes de la fecha en que fueron enjuiciados los que, siendo objeto de acumulación, lo hubieran sido en primer lugar». El precepto introduce una leve novedad respecto del criterio jurisprudencial que venía aplicándose, pues si antes la refundición venía determinada por la fecha de la sentencia de primera instancia (en Pleno no jurisdiccional de la 29 de noviembre de 2005, la Sala acordó que no era precisa la firmeza de la sentencia para determinar el límite de la acumulación), la regulación legal actualmente vigente parecía establecer como momento de cierre del periodo de la refundición el de la fecha de enjuiciamiento de los hechos primeramente juzgados, por lo que acuerdo del Pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2016 aclaró que por enjuiciamiento, a los efectos del artículo 76.2 CP, hay que estar a la fecha de la sentencia en la instancia y no la de juicio. Decía el citado Acuerdo que «La acumulación de penas deberá realizarse partiendo de la sentencia más antigua, pues al contenerse en ella los hechos enjuiciados en primer lugar, servirá de referencia respecto de los demás hechos enjuiciados en las otras sentencias. A esa condena se acumularán todas las posteriores relativas a hechos cometidos antes de esa primera sentencia» y añadió, también, que «Las condenas cuya acumulación proceda respecto de esta sentencia más antigua, ya no podrán ser objeto de posteriores operaciones de acumulación en relación con las demás sentencias restantes. Sin embargo, si la acumulación no es viable, nada impediría su reconsideración respecto de cualquiera de las sentencias» (SSTS nº 866/2016, de 16 de noviembre, nº 940/16, de 15 de diciembre, nº 14/2017, de 19 de enero o nº 96/2017, de 17 de febrero).

Con posterioridad a dicho Acuerdo, fruto de la nueva redacción del artículo 76.2 del Código Penal, en la que se fija como único requisito de la acumulación el elemento cronológico, en el sentido de que las penas que se acumulen lo sean por hechos perpetrados antes de la fecha de la sentencia de aquellos que -siendo objeto de acumulación- lo hubiera sido en primer lugar (sin ninguna otra exigencia a cómo debe formarse ese bloque), se ha alcanzado una modificación del criterio jurisprudencial hasta entonces seguido al permitirse la elección de la ejecutoria más antigua que sirva de base a la acumulación (SSTS nº 338/2016 y nº 339/2016, de 21 de abril; nº 579/2016, de 30 de junio ó nº 790/2016, de 20 de octubre). Ello supone que la ejecutoria más antigua, cuya fecha de sentencia operará como acotación cronológica de los hechos anteriores que se le agrupen, podrá ser aquella de la que se derive la refundición de menor gravamen o más favorable para el penado (STS nº 483/2018, de 18 de octubre).

Además, el reciente acuerdo del Pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo de fecha 27 de junio de 2018, recoge los siguientes 11 puntos sobre los que se han de hacerse las oportunas consideraciones:

  1. “Las resoluciones sobre acumulación de condena solo serán revisables en caso de una nueva condena (o anterior no tenida en cuenta)”. 

Alude, pues, a la posibilidad de ampliar un auto de acumulación ya dictado incluso aunque sea firme (STS nº 401/2016, de 11 de mayo o ATS nº 270/2018, de 1 de febrero).

Es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que una de las proyecciones del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva se concreta en el derecho a que las resoluciones judiciales se ejecuten en sus propios términos y que se respete su firmeza y la intangibilidad de las situaciones jurídicas en ellas declaradas, sin perjuicio, claro está, de su modificación o revisión a través de los cauces legalmente previstos (STC nº 58/2000, de 28 de febrero). El principio de seguridad jurídica y el derecho a la tutela judicial efectiva, que reconocen respectivamente los artículos 9.3 y 24.1 CE, vedan a los Jueces y Tribunales, fuera de los casos previstos por la Ley, revisar el juicio efectuado en un caso concreto si entendieran con posterioridad que la decisión no se ajusta a la legalidad, puesto que la protección judicial carecería de efectividad si se permitiera reabrir el análisis de lo ya resuelto por sentencia firme en cualquier circunstancia (SSTC nº 77/1983, de 3 de octubre; nº 159/1987, de 26 de octubre; nº 119/1988, de 20 de junio; nº 189/1990, de 26 de noviembre; nº 242/1992, de 21 de diciembre; nº 135/1994, de 9 de mayo; nº 87/1996, de 21 de mayo; nº 106/1999, de 14 de junio o nº 190/1999, de 25 de octubre).  Obviamente, la premisa de dicha doctrina es que la resolución sea en sí misma intangible, es decir, que produzca los efectos de cosa juzgada, lo que equivale a decir que no pueda ser revisada por los cauces establecidos por las Leyes; si bien el Tribunal Constitucional destaca en su doctrina que la determinación del alcance que cabe atribuir a la cosa juzgada, constituye una cuestión que corresponde a la estricta competencia de los órganos judiciales (SSTC nº 242/1992, de 21 de diciembre o nº 15/2002, de 28 de enero, entre otras). 

Debe destacarse, sin embargo, que a partir del año 2003, la doctrina del Tribunal Supremo recoge de manera uniforme que la existencia de refundiciones o acumulaciones anteriores no impide un nuevo examen de la situación cuando se conozcan nuevas condenas que pudieran ser susceptibles asimismo de acumulación, sin que por ello sea aplicable la excepción de cosa juzgada (SSTS nº 434/2013, de 23 de mayo, nº 317/2010, de 18 de abril, nº 154/2010, de 10 de febrero ó nº 322/2011, de 19 abril). Ello es consecuencia misma de la adopción del criterio cronológico en la refundición de penas, que se lleva a la práctica con todas sus consecuencias (SSTS nº 649/2004, nº 192/2010, nº 253/2010, nº 1169/2011 o nº 219/2016, entre muchas otras, así como el Acuerdo de Pleno no jurisdiccional de la Sala de 29 de noviembre de 2005). En todo caso, lo expuesto no anula la intangibilidad del pronunciamiento respecto aquello que ya fue contemplado en la acumulación anterior cuando ésta haya devenido firme, mostrando la doctrina del Supremo que la inexistencia de la cosa juzgada en esta materia es predicable sólo respecto de otras sentencias condenatorias contra la misma persona que puedan aparecer con posterioridad a la resolución contemplada (SSTS nº 527/13, de 12 de junio).

  1. “La nulidad como solución al recurso casacional, debe evitarse cuando sea dable conocer la solución adecuada, sin generar indefensión”. 

Nada dice este Acuerdo sobre los requisitos imprescindibles para instar la acumulación. La doctrina del Tribunal Supremo ha establecido repetidamente (STSS de 9 de octubre de 1998 o de 3 de mayo de 2004) que, a los efectos de no causar indefensión a la parte que lo inste, es absolutamente imprescindible en los expedientes de acumulación de penas, a que se refiere el artículo 988 LECrim que, junto a la Hoja Histórico-Penal del Registro Central de Penados y Rebeldes que corresponda al solicitante, se unan a las actuaciones los testimonios de todas las sentencias cuyas condenas pretendan acumularse, a fin de fijar el límite de cumplimiento de las mismas, conforme al artículo 76.1 CP,  exigiéndose también, de otra parte, que en el auto que se dicte se relacionen la totalidad de las penas impuestas al reo en los distintos procesos que se hubieran seguido frente al mismo por hechos que pudieran haber sido objeto de uno sólo (por mor de la conexidad delictiva del artículo 17 LECrim)  pues ello, junto a los de las fechas de comisión de los diferentes hechos delictivos sancionados y sus respectivas tipificaciones así como los de las sentencias recaídas y sus correspondientes firmezas, son datos elementales para poder determinar con justicia el límite máximo de cumplimiento que proceda (STSS de 8 de noviembre de 1996, de 21 de febrero de 1997, de 8 de junio y de 19 de julio de 2007, entre otras). 

Ítem más, debe recordarse la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo relativa a la necesidad de que, en estos procedimientos del artículo 988 LECrim, se cumpla debidamente el supuesto de la postulación procesal consistente en que el interesado sea defendido por letrado y representado por procurador. Así, en las SSTC nº 11/87, nº 257/98, nº 13/2000 o nº 191/2002, se declaró que el derecho del condenado a la refundición de condenas está amparado por el artículo 24.1 CE al tratarse de cuestiones que afectan a derechos fundamentales y pueden tener especial gravedad en el ámbito de los mismos, lo que implica que sea necesario contar con asistencia de letrado. Igualmente, el Tribunal Supremo (SSTS nº 1100/2006, de 13 de noviembre, nº 287/2007, de 3 de abril, nº 724/2007, de 26 de septiembre o nº 458/2010 de 26 de mayo) establece que es requisito obligado para cumplir las exigencias derivadas de la postulación procesal que, en el trámite del expediente correspondiente     (ya se inicie de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal y más aún si se hace a solicitud del propio interesado), haya una petición previa realizada en nombre del propio penado y firmada por abogado y procurador a fin de garantizar en el procedimiento la realización de los principios de contradicción, igualdad de armas y proscripción de la indefensión. Reiterando en las SSTS nº 73/2012 de 15 febrero, nº 742/2014 de 13 noviembre, nº 496/2015 de 24 julio o nº 611/2016 que, conforme refiere el Tribunal Constitucional, se exige que en los incidentes de acumulación de condena el penado goce de asistencia letrada que garantice los principios de contradicción, igualdad de armas y proscripción de la indefensión pues, en definitiva, la resolución de los mismos va a afectar a su libertad personal. Y si en los distintos procedimientos por los delitos cuyas condenas se pretenden refundir se exigió la postulación procesal no hay motivo para no hacerlo en el trámite en el que se va a fijar la duración máxima del tiempo de privación de libertad que habrá de soportar. Se trata precisamente de dotar de efectividad al derecho de defensa cuando se decide algo tan relevante como la concreción de la pena a cumplir. En palabras de la STS nº 473/2013, ello será así aunque desde la literalidad del artículo 988 LECrim no resulte expresamente que el incidente de acumulación de condenas goza de la naturaleza de un proceso contradictorio, en el que el principio de igualdad de partes e interdicción de toda indefensión debe ser salvaguardado. Se producirá, por ello, una quiebra del derecho a la tutela judicial efectiva, causante de indefensión, cuando el incidente se desarrolle sin estar asistido el interno de dirección letrada que, con los conocimientos jurídicos inherentes a tal condición, pueda argumentar eficazmente lo que tenga por conveniente en favor de su pretensión, encontrándose en una situación equiparada a la otra parte procesal necesaria en este incidente: el Ministerio Fiscal. Por ello, es insuficiente la mera petición personal del condenado para iniciar el procedimiento sin que con posterioridad, asistido técnicamente por letrado, se le dé audiencia a la vista de la documentación unida (hoja histórico penal y testimonio de las sentencias condenatorias) y del dictamen del Ministerio Fiscal. Se vulnerará, pues, el derecho de defensa cuando se omita el traslado del procedimiento al condenado a través de su asistencia letrada, que deberá propiciarse de oficio a falta de designación particular (en este mismo sentido, SSTS nº 758/2012 de 11 de octubre o nº 1371/2011 de 22 de diciembre). Así pues,  el abogado del solicitante, bien al iniciar el procedimiento si tiene los datos necesarios para ello o bien después, cuando en el trámite a seguir conforme al artículo 988 LECrim se encuentren incorporadas al procedimiento todas las sentencias condenatorias a acumular en su caso, tendrá que hacer un estudio sobre aquellas que hayan de quedar sometidas a los límites materiales del artículo 76 CP (SSTS nº 281/2007 de 3 de abril, nº 1100/2006 de 13 de noviembre o nº 532/2017, entre otras muchas).

  1. “Cuando la sentencia inicial es absolutoria y la condena se produce ex novo en apelación o casación entonces, solo entonces, esta segunda fecha será la relevante a efectos de acumulación”. 

En lo que se refiere a la fecha de las sentencias a que ha de atenderse para realizar el cómputo debe estarse, como ya se ha dicho, a la de las sentencias iniciales y no a la de la firmeza que eventualmente podría alcanzarse días, semanas o meses después. Partir de la fecha de firmeza acarrea un alargamiento del periodo en el que cabe agrupar las condenas recaídas. Potencialmente es más beneficioso para el condenado, pero no puede ser acogido a tenor del Acuerdo del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 2005 pues, una vez que se haya dictado sentencia subsiguiente al plenario ya no resulta posible la acumulación debido a la inviabilidad de enjuiciamiento conjunto. Ha de atenderse por tanto a la fecha de la primera sentencia (y no la de apelación o casación) a los efectos de cómputos y entrecruzamiento de datos cronológicos para decidir sobre la viabilidad de la acumulación (SSTS nº 240/2011 de 16 de marzo; nº 671/2013 de 12 de septiembre; nº 943/2013 de 28 de diciembre; nº 155/2014 de 4 de marzo; nº 654/2015 de 28 de octubre o nº 819/2016 de 31 de octubre). Sin embargo, sólo cuando la sentencia inicial es absolutoria y la condena se produce “ex novo” en apelación o casación, esta segunda fecha será la relevante a efectos de acumulación.

  1. “En la conciliación de la interpretación favorable del art. 76.2 con el art. 76.1 C.P., cabe elegir la sentencia inicial, base de la acumulación, también la última, siempre que todo el bloque cumpla el requisito cronológico exigido; pero no es dable excluir una condena intermedia del bloque que cumpla el requisito cronológico elegido”. 

Este acuerdo integra el anterior de 3 de febrero de 2016 en el sentido de especificar en orden a la aplicación del criterio cronológico y «sentencia estorbo» (entendiendo como tal la que en el interior de un bloque de acumulación, por resultar especialmente grave respecto a las restantes, exaspera el límite máximo de cumplimiento) y establece, en consonancia con la STS nº 443/2018, de 9 de octubre, que no es dable excluir una condena intermedia del bloque (“sentencia estorbo”) que cumpla el requisito cronológico elegido.

Así, siempre que todo el bloque cumpliera el requisito cronológico exigido, cabía elegir la sentencia inicial base de la acumulación además de poderse elegir también la última de las condenas que habrían de integrarse en la agrupación; descartando expresamente que pudiera excluirse una condena intermedia del bloque y eludir así la exacerbación que supondría llevar el cumplimiento al triple de su extensión cuando sea la pena de mayor duración de la agrupación conformada. Como indicaba la STS nº 617/2017, de 15 de septiembre: “admitir la posibilidad de excluir las condenas intermedias que resulten más graves supondría, de facto, reescribir la regla de proporcionalidad desde la que se contempla el límite de cumplimiento establecido por el legislador en el artículo 76.1 del Código Penal, sustituyéndose la previsión legal por una nueva magnitud de la proporcionalidad, consistente en limitar el cumplimiento al triple del tiempo por el que se imponga la pena que libremente elija el condenado, más el tiempo de cada una de las penas que por tener una mayor duración resulten excluidas;  posibilidad que queda fuera del régimen normativamente fijado, tanto en el artículo 76 del Código Penal como en el propio artículo 988 de la LECRIM, que dispone que cuando el culpable de varias infracciones penales haya sido condenado en distintos procesos por hechos que pudieron ser objeto de uno solo, conforme a lo previsto en el artículo 17 de esta Ley, el Juez o Tribunal que hubiera dictado la última sentencia, de oficio, a instancia del Ministerio Fiscal o del condenado, procederá a fijar el límite del cumplimiento de las penas impuestas conforme a lo dispuesto en el artículo 76 del Código Penal. Para ello, el Secretario judicial reclamará la hoja histórico-penal del Registro central de penados y rebeldes y testimonio de las sentencias condenatorias y previo dictamen del Ministerio Fiscal, cuando no sea el solicitante, el Juez o Tribunal dictará auto en el que se relacionarán todas las penas impuestas al reo, determinando el máximo de cumplimiento de las mismas. Contra tal auto podrán el Ministerio Fiscal y el condenado interponer recurso de casación por infracción de Ley» (SSTS nº 300/2017, de 17 de abril o nº 504/2017 de 3 julio). Como indicaba ésta última resolución, el respeto a la literalidad de la ley obliga a estar al resultado de multiplicar por tres la pena privativa de libertad más alta”.

En en aplicación del artículo 76.2 CP se ha impuesto, como norma sustantiva de fondo, la exclusión de la acumulación las sentencias relativas a los hechos que ya estuviesen sentenciados cuando se inicia el periodo de acumulación contemplado, esto es, cuando se comete el delito enjuiciado en la sentencia que determina la acumulación y también las sentencias relativas a hechos posteriores a la que determina la acumulación. Una vez observada esa regla de aplicación ineludible, toda la mecánica o la metodología de acumulación debe ir orientada a obtener la combinación que más favorezca al reo, en el sentido de obtener una acumulación punitiva que le lleve a reducir en la mayor medida posible el remanente punitivo que tenga que cumplir. De modo que, aunque lógicamente y con el fin de facilitar la labor acumulativa se comience el cálculo por la sentencia más antigua en el tiempo y ello nos lleve a ir formando distintos bloques, esa primera labor debe ser complementada con los ajustes necesarios para ir comprobando que los intercambios de sentencias incluibles en distintos bloques permitan llegar a un resultado punitivo que sea el más favorable para el reo. Operando de esta forma se evitará que el sistema de bloques punitivos acabe siendo un obstáculo formal para que el penado pueda acumular el mayor número de condenas posibles en orden a la reducción de la pena a cumplir (SSTS nº139/2016 de 25 de febrero; nº 361/2016 de 27 de abril; nº 142/2016 de 25 de febrero; nº 144/2016 de 25 de febrero; nº 153/2016 de 26 de febrero; nº 263/2016 de 4 de abril; nº 347/2016 de 22 de abril; nº 379/2016 de 4 de mayo; nº 531/2016 de 16 de junio; nº 572/2016 de 29 de junio, nº 874/2016 de 21 de noviembre o nº 408/2017 de 6 de junio). Por consiguiente, en atención a la finalidad de la norma, orientada a reducir a un límite máximo racional la extensión de la privación de libertad de una persona por hechos cometidos en un determinado lapso temporal, su razonable interpretación no puede impedir que, tras un primer intento de acumulación (o varios, en su caso), se acuda a otras distintas posibilidades si resultan más favorables para el penado. Eso sí, siempre respetando el límite legalmente fijado, es decir, que todos los hechos por los que han recaído las distintas condenas sean anteriores a la sentencia más antigua de las que concretamente se acumulan. Se compatibilizarán, de este modo, los intereses generales del sistema que impone la regla ineludible del artículo 76.2 CP con los fines preventivos de la pena que favorecen la reinserción del penado. 

Ejemplo reciente de la aplicación de esta figura, es el recogido en la Sentencia del Tribunal Supremo nº 466/2018, de 15 de octubre que, literalmente, establece: “en la formación de bloques, como es tradicional, una vez comprobada la posibilidad de acumulación conforme al criterio cronológico establecido (por hechos cometidos antes de la fecha en que fueron enjuiciados los que, siendo objeto de acumulación, lo hubieran sido en primer lugar), habrá de determinarse si el límite máximo de cumplimiento, fijado conforme al artículo 76 C. Penal (20 años -excepcionalmente en los supuestos previstos 25, 30 ó 40, en su redacción actual-; o el triple de la pena más grave), beneficia al penado; en definitiva, si resulta inferior a la suma aritmética de las condenas impuestas en las ejecutorias integrantes del bloque, pues solo en este caso, se acumularán tales condenas, sustituyendo la suma aritmética, por el referido límite (SSTS 854/2006, de 12 de septiembre; 1293/2011, de 27 de noviembre; y 13/2012, de 19 de enero, entre otras). Pues si el resultado que ofrezca esa comparación, le perjudicara, no procedería acumulación alguna en cuanto a las penas integradas en ese bloque. Además, el Acuerdo del Pleno, adiciona la posibilidad de reutilización de las condenas integrantes de bloques no fructíferos, porque los límites previstos en el 76.1, excedieran en su magnitud a la suma aritmética las que integran el bloque; de modo que es viable la formación de bloques donde se incorporen condenas ya ponderadas en bloques previos donde el cotejo comparativo aritmético frustró la acumulación. Como adelantaba la STS 706/2015 citada, «si la acumulación no es viable, nada impediría su reconsideración respecto de cualquiera de las sentencias posteriores, acordando su acumulación si entre sí son susceptibles de ello». Además, de esta reutilización, en un escalón evolutivo jurisprudencial más, en la interpretación favorable al penado, a partir de la reconsideración del art. 76.2 propiciada por su nueva redacción sobre la locución utilizada en referencia restringida a las condenas que integren el objeto de la efectiva acumulación, permite atender en modificación de una jurisprudencia anterior a la viabilidad de que sea posible la elección de la ejecutoria más antigua que sirva de base a la acumulación (SSTS 338/2016 y 339/2016, de 21 de abril, 579/2016, de 30 de junio, etc.), en cuanto el texto normativo predica la exigencia del requisito cronológico de los que fueren objeto de acumulación, pero ninguna exigencia más a cómo debe formarse ese bloque, ni que la exigencia cronológica además de observarse internamente entre las ejecutorias que integren el bloque, también suponga que no existe posibilidad de bloques acumulativos con condenas de fechas precedentes”.

  1. “Las condenas con la suspensión de la ejecución reconocida, deben incluirse en la acumulación si ello favoreciere al condenado y se considerarán las menos graves, para el sucesivo cumplimiento, de modo que resultarán extinguidas cuando se alcance el periodo máximo de cumplimiento. Favorece al condenado, cuando la conclusión es que se extinguen, sin necesidad de estar sometidas al periodo de prueba. 

Si bien el Alto Tribunal en anteriores resoluciones (entre ellas, SSTS nº 229/2015 de 15 de abril, nº 531/2016, de 16 de junio o nº 408/2017, de 6 de junio) había afirmado que quedaban excluidas de la acumulación las sentencias que se encuentran suspendidas o en trámite de serlo, ya antes del citado Pleno del pasado 27 de junio, la STS nº 780/2017, de 30 de noviembre se decantó por entender que «las condenas con la suspensión de la ejecución reconocida, deben incluirse en la acumulación si ello favoreciere al condenado y se considerarán las menos graves, para el sucesivo cumplimiento, de modo que resultarán extinguidas cuando se alcance el periodo máximo de cumplimiento».

En efecto, si la suspensión de condena es considerada como un beneficio que favorece al penado, difícilmente ese beneficio puede operar con respecto a una pena que procede declarar cumplida por el procedimiento de la acumulación. A no ser que entendamos que la suspensión de la pena supone un beneficio para el penado mayor que la propia extinción, supuesto que se daría si la pena suspendida fuera la que determinara la fijación del triple de la pena más grave, en cuyo caso si favorecería al penado que no se acumulara y que prosiguiera en vigor su régimen de suspensión. Frente a ello no puede admitirse el artificioso argumento -mucho más retórico y formal que real o sustantivo- de que la suspensión de la pena no es un supuesto de ejecución sino de mera suspensión. Primero, porque se trata de una suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad que en la práctica puede conllevar varios condicionamientos o cargas (artículos 83 y 84 CP) que implican para el penado la restricción del derecho a la libertad, la realización de cierto tipo de programas de reeducación, la prohibición de alguna categoría de derechos relevantes o el cumplimiento de prestaciones laborales; es decir, que se le pueden imponer unas condiciones que convierten a la suspensión en un beneficio bastante más gravoso que la acumulación de la condena, ya que ésta sólo le beneficia. En segundo lugar, la suspensión de condena suspende el plazo de prescripción de la pena (art. 134 del CP) efecto que obviamente no genera la acumulación; ahora bien, debe tenerse en cuenta la reforma operada por LO 1/2015, tras la cual el artículo 134.2 CP indica que el plazo de prescripción de la pena quedará en suspenso durante el período de suspensión de la ejecución de la pena pero, también, durante el cumplimiento de otras penas, cuando resulte aplicable lo dispuesto en el artículo 75 CP. En tercer lugar, la tesis de excluir la acumulación por hallarse suspensa la ejecución de la pena puede determinar una incitación al incumplimiento de las condiciones o cargas que se le imponen con la suspensión con el fin de que ésta quede sin efecto y se inicie el régimen ordinario de ejecución, con lo cual, parece obvio que los fines de reinserción social y de reeducación del penado a que tiende la suspensión de la pena dejarían de cumplirse y ésta obtendría un resultado contrario al que se pretende

 

Por último, no deja de resultar contradictorio que la jurisprudencia del Tribunal Supremo admita que operen en una nueva acumulación las condenas ya cumplidas o ejecutadas y que en cambio se rechace la acumulación de las sentencias cuya ejecución se halle suspendida por la aplicación de lo previsto en los artículos 80 y SS del CP. Así pues, la acumulación de las penas suspendidas (como sucede por ejemplo en el caso de la revisión de la acumulación practicada tras nueva condena) sólo procede si favoreciere al condenado, de modo que si existe constancia de perjuicio, no hipotética probabilidad, frente a otra más plausible de beneficio, no procederá la acumulación (STS nº 780/2017 o ATS nº 452/2018, de 10 de octubre).

  1. “No cabe incluir en la acumulación, el periodo de prisión sustituido por expulsión; salvo si la expulsión se frustra y se inicia o continúa a la ejecución de la pena de prisión inicial, que dará lugar a una nueva liquidación”.
  1. “La pena de multa solo se acumula una vez que ha sido transformada en responsabilidad personal subsidiaria. Ello no obsta a la acumulación condicionada cuando sea evidente el impago de la multa”. 

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo al analizar supuestos como el presente (v. gr. STS de 12 de diciembre de 2008) establece que respecto a la aplicación del artículo 53.3 CP se ha de partir de los siguientes presupuestos: a) si se señalan a una infracción (o a varias) penas privativas de libertad y penas pecuniarias (multas) y éstas últimas se ejecutan como tales multas, no cabe refundición alguna, ya que deben cumplirse simultáneamente, b) si por razón de superar la pena privativa de libertad los 5 años no es posible transformar las penas de multa en arrestos sustitutorios, tampoco cabe refundición, porque la multa se pague o no (si el condenado es insolvente) únicamente podrá funcionar como multa, sometida por tanto, a cumplimiento simultáneo y c) en el caso de que tuviera que transformarse la multa en arresto (ahora llamada “responsabilidad personal subsidiaria”), se reputaría ésta una pena autónoma privativa de libertad -como proclama el artículo35 CP- sometida a las reglas del artículo 76 y subsumida en su caso, dentro del triplo de la mayor.

La STS de 29 de enero de 2013 fijaba, respecto a dos condenados, un límite máximo de cumplimiento de pena privativa de libertad, diciendo que la responsabilidad personal subsidiaria (llegado este momento de la ejecutoria, en que se ha establecido la misma), no cabe sea añadida temporalmente al límite máximo de cumplimiento, sino que ha de ser subsumida en ese límite temporal (triplo de la mayor). Es verdad que esa misma Jurisprudencia parece apuntar algo distinto en la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo nº 240/2011, de 16 de marzo donde, analizando un supuesto de refundición de condenas, señala: “(…), se observa que la pena más grave de las impuestas en las sentencias que figuran en la acumulación realizada por el juzgado de instancia sería la de 2 años, 10 meses y 15 días de prisión impuesta por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Valladolid en sentencia de fecha 24 de septiembre de 2007 por un delito de falsedad documental en concurso con un delito de estafa, si bien, como afirma la parte recurrente, dicha pena es el resultado de la suma de la pena de 2 años y 5 meses de prisión y de la responsabilidad personal subsidiaria por impago de la multa de 11 meses a razón de una cuota diaria de 2 euros. Ahora bien, en el presente caso, como recuerda el Ministerio Fiscal que apoya el motivo- el artículo 76 del Código Penal está previsto para las penas privativas de libertad sin englobar la pena de multa ya que se trata de una pena susceptible de ser cumplida de forma simultánea (artículo 75 del Código Penal) y su impago puede ser sustituido por trabajos en beneficio de la comunidad (artículo 53 del Código Penal). Además, la responsabilidad personal subsidiaria que establece el último de los preceptos mencionados sólo es procedente en el caso de impago de la pena de multa impuesta, bien de forma voluntaria, bien por la vía de apremio (SSTS 954/2006 y 179/2009), lo que no consta de forma fehaciente. Por dichas razones, se ha de estimar el motivo planteado y la supresión del límite máximo establecido en la acumulación efectuada en el auto recurrido habiendo de partirse para la fijación en la misma del límite máximo de cumplimiento de la pena de prisión de 2 años y 5 meses de prisión impuesta por la comisión del delito de falsedad documental en concurso con el de estafa, deduciendo por tanto los 5 meses y 15 de la eventual responsabilidad personal subsidiaria por impago de la pena de multa impuesta, sin perjuicio de que, en el supuesto de que no se abonase, se procediese en su caso a la acumulación posterior de la pena privativa de libertad resultante , y fijándose un límite de cumplimiento de 7 años y 3 meses de prisión”.

Se apunta ahí que si no se abonase la multa se aplicaría la responsabilidad personal subsidiaria y se procedería a la acumulación posterior de la pena privativa de libertad resultante pero, aun admitiendo ese supuesto, inmediatamente señala a continuación que el límite máximo de cumplimiento sería de 7 años y 3 meses de prisión (exactamente el resultado de multiplicar por tres la pena de prisión de 2 años y 5 meses de prisión). Sin embargo, la acumulación posterior sugerida por esta última Sentencia del Tribunal Supremo atiende a un factor distinto por cuanto el auto de acumulación entendió como pena más grave la pena de prisión combinada con la responsabilidad personal derivada de una multa (sin que constase el impago de la multa por parte del condenado) y, sobre la base del resultado de ambos tiempos, multiplicó por tres, para fijar el límite máximo, lo que es corregido por el Tribunal Supremo en el sentido que en ese momento procesal (sin constar fehacientemente el impago de la multa) sólo cabría fijar como pena más grave la de prisión (2 años y 5 meses) y multiplicando ella tres veces se obtendría el límite máximo de cumplimiento (7 años y 3 meses de prisión). En consecuencia, la eventual acumulación posterior que pudiera hacerse de la pena de multa no pagada (responsabilidad personal subsidiaria), nunca iba a ser más perjudicial para el condenado y como máximo podría alcanzar el límite máximo en su momento fijado por el auto de instancia que resulta revocado.

La cuestión se clarifica a tenor de la reciente jurisprudencia. Así, cuando se pretende establecer el triplo de la pena más grave y se suma la pena privativa de libertad con los días de privación de libertad resultantes del impago de una multa, han de considerarse penalidades conjuntas y no de una única pena. El triplo ha de calcularse a partir de la pena individual más grave y no de las penas conjuntas sumadas. De este modo, cuando se impone pena conjunta de prisión y multa, el impago de la multa activa la responsabilidad personal subsidiaria, pero eso no representa un incremento de la pena privativa de libertad principal sino que supone otra pena conjunta, pero diferente. El triplo de la pena más grave ha de formarse atendiendo en exclusiva a la más alta sin engrosarla con los días de responsabilidad personal subsidiaria derivados de otra pena distinta conjunta, sustitutiva de la de multa o sin incrementar ésta, si resulta más alta, con la pena principal impuesta (STS nº 590/2017, de 20 de julio, entre otras tantas). Incluso puede suceder que el máximo de cumplimiento sea el triplo de los días fijados como responsabilidad personal subsidiaria; ahora bien la eventualidad de un pago de la multa obligaría obviamente a recalcular los términos de la acumulación, sin olvidar, por supuesto, que como establece el reciente Acuerdo del TS la acumulación de la pena de responsabilidad personal subsidiaria derivada del impago de la  multa puede realizarse, eso sí, condicionada, cuando sea evidente el impago de la misma, quedando por perfilar qué entiende el Tribunal por “evidente”.

  1. “La pena de localización permanente, como pena privativa de libertad que es, es susceptible de acumulación con cualquier otra pena de esta naturaleza”. 

Y es que, en todo caso ha de tratarse de penas privativas de libertad incluida la de localización permanente, quedando excluidas las que son de otra naturaleza (entre otras, STS nº 866/2016 de 16 de noviembre), aunque la circunstancia de que una pena esté previamente ejecutada no es obstáculo para la procedencia de la acumulación si se cumple la exigencia de la conexidad temporal (SSTS nº 1971/2000, de 25 de enero de 2001 o la nº  297/2008 de 15 de mayo). 

  1. “A efectos de acumulación los meses son de 30 días y los años de 365 días”. 
  1. La competencia para el incidente de acumulación, la otorga la norma al Juez o Tribunal que hubiera dictado la última sentencia; sin excepción alguna, por tanto, aunque fuere Juez de Instrucción (salvo en el caso del art. 801 LECr), aunque la pena que se imponga no sea susceptible de acumulación e incluso cuando no fuere privativa de libertad”.

En este sentido, conforme a lo dispuesto en el artículo 988 LECrim, corresponde al último tribunal sentenciador la fijación del límite del cumplimiento de las penas impuestas a tenor la regla establecida en el artículo 76 CP. El Tribunal Supremo se ha pronunciado en numerosas resoluciones (v. gr. Auto nº 3290/2002, de 14 de noviembre) estableciendo que el órgano judicial que ha de resolver sobre la refundición de las penas, que es el que dictó la última condena, según expresamente establece el meritado artículo 988 de la LECrim, en el caso de que no procediera acumular las penas de la última sentencia a las otras, podrá acordar la refundición de las penas impuestas por los otros Tribunales o Juzgados si en ellas concurrieron las condiciones legalmente exigidas y, además, el hecho de que una de las penas impuestas no se esté cumpliendo (por no haberse resuelto de forma definitiva sobre el beneficio de la suspensión) no supone excepción alguna a la norma de atribución competencial establecida en el tan citado artículo 988 LECrim (ATS de 6 de julio de 2017; Nº de Recurso 20338/2017). Por otro lado, el párrafo 3º del citado artículo, ha sido interpretado atendiendo no a la fecha de firmeza de las sentencias, sino a la fecha de su dictado. Así lo afirma rotundamente la STS nº 913/2013, de 4 de diciembre. Esta interpretación no se deriva en rigor de forma estricta del Acuerdo no jurisdiccional del Pleno de esta Sala de 29 de noviembre de 2005, que contempla el problema solo desde una perspectiva sustantiva y no competencial; sin embargo, es el criterio asumido por el Tribunal Supremo y el más coherente. “Ultima Sentencia”, a los efectos del artículo 988.3 LECrim, es la de fecha más tardía de las condenatorias, con independencia del momento de su firmeza. Esta parte ha de modularse –como antes se ha dicho– cuando la sentencia condenatoria se dicta “ex novo” en vía de recurso, pero no cuando la sentencia de instancia es condenatoria y se confirma por vía de recurso (ATS de 4 de octubre de 2017; Nº de Recurso 20444/2017).

11.”Contra los autos que resuelven los incidentes de acumulación, solo cabe recurso de casación”. 

Se tiende, erróneamente, a interponer recurso de apelación o incluso de súplica ante la resolución que determina la acumulación (obviamente, cuando se entiende equivocada) pero, como es bien conocido, casación y súplica son incompatibles y, en todo caso, tal y como marca el Acuerdo, que desvanece algunas discusiones doctrinales, el recurso procedente, de forma exclusiva y excluyente, es el de casación.

Raúl Pardo Geijo Ruiz. Abogado penalista de Murcia, Letrado en ejercicio y Máster en Derecho Penal.