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El derecho penal económico agrupa los delitos que afectan al orden socioeconómico, al patrimonio y a la actividad empresarial. Su complejidad técnica y su frecuente proyección sobre empresas y directivos exigen una defensa especializada.
¿Qué son los delitos económicos?
Son las infracciones penales que lesionan intereses económicos y socioeconómicos, cometidas habitualmente en el ámbito de la actividad empresarial o profesional. Se los conoce también como delitos de cuello blanco por el perfil de sus autores.
Principales delitos económicos
Entre los más relevantes figuran la estafa, la apropiación indebida, la administración desleal, el blanqueo de capitales, los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, los delitos societarios, la insolvencia punible y el alzamiento de bienes, y los delitos de corrupción como el cohecho, el tráfico de influencias o la corrupción en los negocios.
La responsabilidad penal de la empresa
Junto a la responsabilidad de directivos y empleados, la propia empresa puede responder penalmente por determinados delitos económicos (artículo 31 bis del Código Penal). Un programa de cumplimiento normativo eficaz constituye la principal herramienta de prevención y defensa.
La importancia de una defensa especializada
Los procedimientos por delitos económicos suelen ser complejos, prolongados y con abundante prueba documental y pericial. La estrategia de defensa debe abordarse desde las primeras diligencias, con especial atención a la prueba pericial contable y a las medidas cautelares de carácter patrimonial.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un delito de cuello blanco?
Es la expresión con que suele designarse a los delitos económicos cometidos en el ámbito empresarial o profesional, por su perfil no violento y su complejidad técnica.
¿Puede responder penalmente una empresa?
Sí. Desde la reforma de 2010, la persona jurídica puede ser condenada por determinados delitos económicos (artículo 31 bis).