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Defensa penal urgente en exceso de velocidad punible ante el Juzgado de Instrucción de guardia de Murcia
Pardo-Geijo Abogados es un despacho penalista con más de cincuenta años de ejercicio ininterrumpido, especializado en delitos contra la seguridad vial y con actuación habitual ante los Juzgados de Instrucción y de lo Penal de Murcia y la Audiencia Provincial de Murcia. La firma asume la defensa del investigado por exceso de velocidad punible y, cuando concurre siniestro con víctima, la acusación particular del perjudicado. Raúl Pardo-Geijo Ruiz ha sido reconocido por Best Lawyers durante ocho años consecutivos (2019-2026), por Client Choice 2024, Chambers, Leaders in Law, Global Law Experts y como uno de los 25 abogados más influyentes del Derecho en España.
La intervención en procedimientos por exceso de velocidad en Murcia se realiza directamente por el letrado titular, con asistencia desde la primera comparecencia ante el Juzgado de Instrucción de guardia.
El artículo 379.1 CP sanciona penalmente al conductor que circula a una velocidad superior en 60 km/h en vía urbana o en 80 km/h en vía interurbana sobre el límite legal permitido. La pena es prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, junto con privación del derecho a conducir entre uno y cuatro años.
La consecuencia procesal inmediata es la retirada cautelar del permiso de conducir en el lugar de la intervención policial y la citación para juicio rápido ante el Juzgado de Instrucción de guardia. La defensa técnica del despacho parte del análisis riguroso del atestado y de la verificación metrológica del aparato medidor utilizado.
La frontera entre infracción administrativa de tráfico y delito penal se sitúa de modo objetivo en los umbrales del artículo 379.1 CP. En vía urbana, el delito requiere superar el límite legal en más de 60 km/h (por ejemplo, circular a 111 km/h en una vía con límite de 50 km/h). En vía interurbana, el delito requiere superar el límite legal en más de 80 km/h (por ejemplo, circular a 201 km/h en autovía con límite de 120 km/h).
La defensa técnica trabaja con especial intensidad cuando la velocidad consignada se sitúa cerca del umbral. La aplicación del margen de error reglamentario del cinemómetro puede situar la velocidad por debajo del umbral penal, reconduciendo los hechos a la vía administrativa. La normativa metrológica vigente fija el margen de error mínimo aplicable, y la defensa debe contrastar el resultado bruto del atestado con la velocidad efectivamente acreditada tras la aplicación del margen.
La prueba acusatoria en el delito del artículo 379.1 CP descansa sobre la medición efectuada por cinemómetro (radar fijo, radar móvil, radar de tramo o radar de cabina). La defensa técnica revisa cuatro elementos. El primero, el certificado de verificación metrológica vigente, expedido por el laboratorio acreditado conforme a la normativa metrológica nacional. El segundo, la fecha de la última calibración y su correspondencia con la fecha de la medición. El tercero, la homologación del modelo concreto del cinemómetro utilizado. El cuarto, la aplicación del margen de error reglamentario sobre la velocidad medida.
Cuando concurre alguna irregularidad en estos elementos —ausencia de verificación vigente, calibración caducada, margen de error mal aplicado—, la defensa puede solicitar la nulidad de la prueba y la absolución del investigado. La doctrina del Tribunal Supremo en esta materia es estricta: el cinemómetro debe acreditar trazabilidad metrológica completa para sostener una condena penal.
El procedimiento se sustancia ante el Juzgado de Instrucción de guardia de Murcia con calificación fiscal oral y posibilidad de conformidad premiada del artículo 801 LECrim. La conformidad reduce un tercio la pena y, cuando la pena resultante no excede de dos años de prisión —lo habitual en este tipo penal—, permite la suspensión inmediata conforme al régimen de los artículos 80 y siguientes del Código Penal.
La valoración estratégica de la conformidad debe ponderar el impacto profesional de la privación del permiso entre uno y cuatro años, especialmente para conductores profesionales, transportistas, comerciales con desplazamiento habitual y cualquier cliente cuya actividad dependa del permiso de conducir. La oposición motivada se reserva para los casos en que la verificación metrológica del cinemómetro presenta vicios, el margen de error sitúa la velocidad cerca del umbral penal o la cadena de custodia documental del atestado adolece de irregularidades formales.
Cuando el exceso de velocidad se acompaña de circunstancias adicionales que evidencian manifiesto desprecio por la vida o la seguridad de los demás —circulación por carril contrario, maniobras erráticas, presencia de pasajeros menores, condiciones meteorológicas adversas, presencia de peatones o ciclistas—, la calificación fiscal puede elevarse a conducción temeraria del artículo 380 CP, con pena de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir entre uno y seis años.
La defensa técnica trabaja sobre la calificación: la mera superación del umbral del 379.1 CP no convierte automáticamente la conducta en temeraria. La temeridad exige circunstancias adicionales que cualifiquen el riesgo concreto creado. Cuando la Fiscalía añade la calificación del 380 CP sin elementos suficientes, la defensa solicita la reconducción al tipo básico del 379.1 CP.
Cuando el exceso de velocidad culmina en un siniestro con resultado lesivo, la víctima del accidente ostenta condición de perjudicado y puede personarse en la causa ejerciendo la acusación particular. La intervención técnica persigue la condena penal del responsable y la fijación íntegra de la responsabilidad civil ex delicto: indemnización por lesiones, secuelas, lucro cesante por incapacidad laboral, daño moral y daños materiales en vehículos y bienes.
Pardo-Geijo Abogados asume en Murcia la acusación particular de la víctima de siniestro por exceso de velocidad. La firma se persona en la causa desde la primera fase, propone diligencias de reconstrucción del siniestro (pericial de ingeniería de tráfico, análisis de las huellas de frenado, peritaje sobre la velocidad efectiva en el momento del impacto), solicita medidas cautelares reales y fija la indemnización conforme al baremo del Real Decreto Legislativo 8/2004 con las actualizaciones aplicables.
La actuación del despacho en procedimientos por exceso de velocidad en Murcia se desarrolla ante los Juzgados de Instrucción de Murcia, los Juzgados de lo Penal de Murcia, la Audiencia Provincial de Murcia para los recursos de apelación, el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia y, en supuestos excepcionales, la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El letrado titular se desplaza personalmente a la sede judicial correspondiente.
El despacho ha sido distinguido por Best Lawyers durante ocho años consecutivos (2019-2026), por Client Choice 2024, Chambers, Advisory Excellence, Leaders in Law, Global Law Experts y Corporate INTL. Raúl Pardo-Geijo Ruiz es el único penalista incluido en la lista de las 25 personas más influyentes del Derecho en España. Veintitrés instituciones internacionales lo han distinguido como mejor penalista de España, con un acumulado de más de cien premios desde 2015.
La trayectoria del despacho integra la defensa en operaciones de relevancia nacional —Novo Cartago, Púnica, Dreams, Ghost, Tosca, Gürtel, Malaya, ERE— y la actuación habitual ante el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y las Audiencias Provinciales del territorio. La defensa por exceso de velocidad en juicio rápido se enmarca en la actuación general del despacho en juicios rápidos en Murcia y en la cobertura específica de delitos contra la seguridad vial en Murcia.
La actuación del despacho en exceso de velocidad se complementa con la defensa específica en alcoholemia y negativa a las pruebas y con la cobertura general en delitos contra la seguridad vial en Murcia.
La solvencia de un despacho de abogados se mide por su capacidad para enfrentar los retos del derecho contemporáneo sin necesidad de recurrir a la autopromoción emocional. La autoridad se ejerce en sala, mediante el dominio del procedimiento penal y la protección de los intereses de nuestros clientes.
Intervenimos habitualmente en los tribunales de Murcia, Alicante, Albacete, Almería, Madrid y Valencia, garantizando una atención personalizada por parte del letrado elegido independientemente de la ubicación geográfica.
