El delito de atentado contra la integridad moral consiste en aplicar un trato degradante a otra persona que menoscabe seriamente su integridad moral. Este delito fue modificado en octubre de 2022 por la Ley Orgánica 10/2022 (Ley del «solo sí es sí»).
¿Qué es la integridad moral?
La integridad moral, entendida también como la dignidad de la persona, es la cualidad que tiene todo individuo para tomar decisiones sobre su propio comportamiento.
En términos legales, el Tribunal Supremo define la integridad moral como “un atributo de la persona, como ente dotado de dignidad por el solo hecho de serlo, este es, como sujeto moral, en sí mismo, investido de capacidad para decidir responsablemente sobre el propio comportamiento”.
Por su parte, la doctrina define este concepto como “el derecho de cualquiera a no sufrir dolor o sufrimientos físicos o psíquicos humillantes, vejatorios o envilecedores”.
¿Qué es el delito de atentado contra la integridad moral?
El delito de atentado contra la integridad moral consiste en infligir a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su dignidad. Está regulado en el artículo 173.1 del Código Penal y se castiga con pena de prisión de 6 meses a 2 años.
La misma pena se aplica a todos que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima.
Asimismo, también cometen un delito de atentado contra la integridad moral castigado con la misma pena todos aquellos que de forma reiterada realicen actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda.
¿Qué se entiende por trato degradante?
Para que se cometa un delito de atentado contra la integridad moral la víctima tiene que sufrir un trato degradante que vulnera gravemente su integridad moral.
En este sentido, el Tribunal Supremo determina como elementos de este delito los siguientes:
- Un acto claro e inequívoco de contenido vejatorio para el sujeto pasivo.
- Un padecimiento físico o psíquico en el sujeto pasivo.
- Un comportamiento degradante o humillante que incida en el concepto de dignidad de la persona afectada por el delito.
¿Puede cometer una persona jurídica un delito de atentado contra la integridad moral?
El delito de atentado contra la integridad moral fue modificado en octubre de 2022 por la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, popularmente conocida como la ley del “solo sí es sí”.
Esta norma añadió un cuarto párrafo al artículo 173.1 CP para incluir la responsabilidad de las personas jurídicas en este delito.
Por lo tanto, una persona jurídica puede cometer un delito de atentado contra la integridad moral. Está castigado con multa de 6 meses a 2 años y, según las reglas del artículo 66 bis CP, el juez también puede imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.
El nuevo delito leve de vejaciones de carácter sexual
Igualmente, con la entrada en vigor de esta Ley Orgánica 10/2022, se ha incorporado un nuevo tipo de delito leve que parece encajar con el coloquial concepto de “acoso callejero” de naturaleza sexual.
Así, se ha introducido un nuevo párrafo al artículo 173. 4 CP, que reza:
4. (…)
Las mismas penas se impondrán a quienes se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad.
Artículo 173.4 del Código Penal
Las penas aplicables por este tipo de conductas serán de pena de localización permanente de 5 a 30 días, o trabajos en beneficio de la comunidad de 5 a 30 días o multa de 1 a 4 meses.
Este delito solo será perseguible mediante denuncia de la persona ofendida.
El delito de tortura aparece regulado en el artículo 174 del Código Penal. Se entiende que comete delito de tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona, o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que haya cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la sometiere a condiciones o procedimientos que, por su naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión o que, de cualquier otro modo, atenten contra su integridad moral.
El culpable en el delito de tortura será castigado con la pena de prisión de dos a seis años si el atentado fuera grave, y de prisión de uno a tres años si no lo es. Además de las penas abonadas, se impondrá la pena de inhabilitación absoluta de ocho a doce años.
La lesión de bienes jurídicos individuales, como pueden ser la integridad física, la vida, o la libertad, nos lleva a plantearnos el problema de cuál es el verdadero bien jurídico protegido en este tipo delictivo.
Si bien en el pasado esta cuestión se resolvía a favor de la aceptación de la función pública como el bien jurídico protegido en las torturas, el cambio de ubicación sistemática que este delito experimenta en el actual Código Penal pone encima de la mesa el debate sobre si la función pública sigue siendo el bien jurídico protegido.
Y como señala la propia rúbrica legal, el objeto de tutela penal que se da en los delitos de tortura no es otro que la integridad moral, esto es, la estimación y dignidad que merece toda persona por el hecho de serlo.
La doctrina del Tribunal Supremo considera la integridad moral como una manifestación directa de la dignidad humana que comprende tanto las facetas de la personalidad como las de la identidad individual, el equilibrio psicológico, la autoestima o el respeto ajeno que debe acompañar a todo ser humano.
Tipo objetivo
El Código Penal de 1995 incorporó en su artículo 174 el delito autónomo de tortura, definiendo dicha tortura según las pautas marcadas por los Tratados y Convenciones Internacionales y especialmente la Convención contra la Tortura y Malos Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes de 10 de diciembre de 1984, ratificada por España el 21 de octubre de 1987.
En su estructura típica concurren los siguientes elementos:
- Un elemento material, elemento en el que concurren una serie de acciones constitutivas de tortura, y está constituido por una conducta o acción que produzca sufrimientos físicos o mentales, o produzca supresión o disminución de las facultades de conocimiento, discernimiento o decisión, o la sumisión a otros actos atentatorios contra la dignidad moral que causen sufrimiento a la víctima. Para definir esta conducta, el CP describe que en la tortura la victima es sometida a condiciones o procedimientos. Por sumisión de la víctima ha de entenderse una conducta coactiva por la que se somete a alguien mediante la violencia o por la fuerza bajo la autoridad o dominio de otra y por “condiciones o procedimientos” debe entenderse aquellas operaciones sucesivas o métodos coactivos que tienden a conseguir un resultado predeterminado.
- Un elemento personal, en el que se requiere que el sujeto activo sea un representante del poder estatal, bien sea autoridad o funcionario público que abuse de su cargo, no cuando actúan por intereses particulares. Se trata de un delito especial propio, en el que se exige una cualificación en el sujeto activo, pudiendo ser autoridades, funcionarios públicos, funcionarios de instituciones penitenciarias o de centros de protección o de corrección de menores. Este sujeto activo debe abusar de su cargo usando medios ilegítimos, aunque su fin sea loable.
- Un elemento teleológico o finalístico, en lo relativo a la intención, ya que el CP exige que esos actos de tortura que tengan como objeto obtener la confesión o información, o bien aplicar un castigo a esa persona por algo que haya cometido o se sospeche que ha cometido. Con estas actuaciones se busca una triple finalidad: el de obtener una información, el de usar una tortura de carácter punitivo cuya finalidad es el simple castigo, y una tortura discriminatoria. Estos elementos finalísticos constituyen elementos subjetivos del injusto que diferencian a la tortura de otros delitos contra la integridad moral. Es en este elemento donde el Código Penal consagra el concepto de tortura indagatoria, que es la principal de las modalidades de tortura que se sanciona en el derecho internacional.
El Código Penal ha ampliado este elemento teleológico al incorporar, junto a la llamada tortura indagatoria, la vindicativa o de castigo por lo que el sujeto pasivo hubiera cometido o se sospeche que hubiera podido cometer. De esta forma, se persigue dar cobertura típica a aquellos casos en los que las autoridades o funcionarios actúan como represalia a la conducta anterior del sujeto pasivo.
El delito de tortura coincide con el de atentado contra la integridad moral en varios de los elementos que lo conforman, especialmente en proteger la integridad moral constitucionalmente reconocida en el artículo 15 de la Constitución, pero difiere en cuanto no se requieren los objetivos específicamente previstos en el artículo 174, y se inflige sufrimiento por el mero hecho de humillar o agredir a la integridad moral del sujeto pasivo.
Cabe recordar, como ha reiterado la doctrina en sentencias como la STS 985/2012, de 27 de noviembre, que el sistema penológico varía si además del atentado a la integridad moral, se produjese lesión o daño a la vida, integridad física, libertad sexual o bienes de la víctima o de un tercero, se castigaran los hechos por separado con la pena que corresponde por los delitos o faltas. Pues al tratarse de entidades delictivas independientes, con bienes jurídicos de distinta naturaleza, es posible su castigo por separado, estableciendo en el art. 177 una regla concursal a castigar separadamente las lesiones a los bienes jurídicos que enumera de las producidas a la integridad moral.
- Concurso de delitos
El artículo 177 del CP expone que en los delitos relacionados con la tortura y con atentados contra la integridad moral, de los artículos anteriormente tratados, se castigaran los hechos separadamente por medio de un concurso real, cuando tales hechos produjeran lesión o daño a la vida, integridad física, salud, libertad sexual o bienes de la víctima o un tercero.
Se castigarán estos hechos con la pena correspondiente a los delitos cometidos, excepto cuando aquel se halle especialmente castigado por la ley.