Mejores abogados de delitos fiscales en Marbella
Despacho experto en delitos contra la hacienda pública en Marbella
La firma Pardo Geijo Abogados asegura asistencia letrada de máxima especialización en procedimientos por delitos contra la Hacienda Pública en Marbella y en todo el territorio nacional.
Con más de 50 años de trayectoria y galardones de prestigio como Client Choice 2024 o Best Lawyers 2024, la organización jurídica encabezada por Raúl Pardo-Geijo Ruiz se posiciona como el referente para solventar causas penales de índole tributaria de máxima exigencia jurídica.
Cuándo una comprobación de la agencia tributaria deriva en causa penal
La frontera entre la infracción administrativa y el delito fiscal
En nuestro país, el ilícito tributario deja atrás el castigo administrativo para constituir un ilícito penal (Art. 305 del Código Penal) siempre que la cantidad impagada supera la barrera de los 120.000 euros por impuesto y ejercicio.
La asistencia legal de un penalista especializado en criminalidad financiera en Marbella resulta imprescindible en el instante en que la Agencia Tributaria encuentra sospechas de:
- Enriquecimiento sin causa justificada: Crecimiento del patrimonio sin pruebas de su origen lícito.
- Facturación falsa: Creación de sociedades instrumentales con el fin de deducir gastos ilegalmente.
- Movimientos financieros intragrupo: Irregularidades contables en préstamos o servicios entre socios y sociedades.
- Despatrimonialización fraudulenta: Prácticas orientadas a evitar la ejecución de deudas por parte de la Agencia Tributaria.
Asistencia letrada especializada en Marbella: Estrategia frente a la agencia tributaria
La victoria en un proceso judicial por fraude a la Hacienda Pública está condicionado a la experiencia de desvirtuar el dolo (la voluntad consciente de evadir impuestos) además de la contundencia legal al recurrir las actas de los inspectores de Hacienda.
Ataque a las comprobaciones inspectoras y sus sanciones
Desplegamos nuestra estrategia legal en cada una de las etapas del procedimiento:
- Etapa administrativa: Redacción y registro de alegaciones y recursos y escritos de reclamación ante los tribunales económico-administrativos (tribunal económico-administrativo regional o central).
- Fase judicial contenciosa: Defensa ante los Tribunales Superiores de Justicia con la finalidad de dejar sin efecto las comprobaciones de la AEAT.
- Fase de instrucción criminal: Asistencia letrada especializada ante los Juzgados de Instrucción y la Audiencia Nacional en casos de especial relevancia.
Delitos de empresa y responsabilidad criminal
La planificación fiscal en Marbella muchas veces ocasiona imputaciones por prácticas de administración perjudicial o sustracción de capitales.
Nuestra hoja de ruta procesal incluye la representación letrada de la persona física (gestores y consejeros) y la persona jurídica (mediante programas de cumplimiento normativo), mitigando el peligro de ingresos en centro penitenciario y de multas financieras desorbitadas.
Pardo Geijo Abogados|El despacho Pardo Geijo|Nuestra firma penalista|El bufete de Raúl Pardo-Geijo|El equipo de Pardo Geijo} es reconocido por su capacidad para alcanzar la libre absolución en litigios conocidos a nivel estatal (tales como Gürtel, Púnica o Novo Cartago).
Abogados penalistas en Marbella
Pardo Geijo Abogados interviene en Marbella en procedimientos penales de alta complejidad vinculados al blanqueo de capitales y a delitos fiscales de especial trascendencia. El despacho asume la dirección letrada de causas con fuerte carga probatoria y relevancia jurídica, aportando un análisis técnico riguroso y una planificación procesal minuciosa desde las primeras diligencias. Su actuación se extiende ante los juzgados y tribunales competentes en Marbella y en el conjunto de su provincia, coordinando la defensa en investigaciones de amplio alcance, a menudo con dimensión empresarial o patrimonial significativa. La experiencia acumulada en este tipo de procedimientos permite anticipar riesgos penales relevantes, articular estrategias de defensa sólidas y ordenar la prueba de forma coherente con los intereses del cliente y las peculiaridades de cada causa.